Arte: Eduardo Rodríguez con fotografías de PNC y TeleSur.

El Estor: la minera, los q’eqchi’es y un enredo legal (claves para entender el conflicto)

Durante más de 20 días las comunidades q’eqchi’es de El Estor protestaron contra las operaciones de una mina de niquel. El gobierno respondió con fuerza y un Estado de Sitio. El conflicto está lejos de terminar y en esta nota explicamos por qué.
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1. ¿Por qué hay protestas en El Estor?

Comunidades q’eqchi’es, campesinos y pescadores locales llevan más de 20 días protestando en contra de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Se oponen a la minería y su impacto ambiental. Sobre todo, exigen:

  • Que la CGN suspenda sus operaciones tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2019.

Los comunitarios aseguran que la empresa sigue operando y constantemente ingresan camiones con material, por ello optaron por bloquear carreteras el pasado 22 y 23 de octubre.

2. Entonces, ¿el conflicto minero empezó en 2019?

No. El conflicto minero en El Estor comenzó en los años sesenta. 

  • El Ejército desalojó a las comunidades q’eqchi’es que habitaban en las áreas de Izabal y Alta Verapaz, donde hay yacimientos de níquel.
  • El gobierno entregó a una empresa canadiense, por 40 años, un área más grande que la Ciudad de Guatemala y Mixco, juntos.
  • Cuando estaba por vencer la concesión, en 2006, el gobierno de Óscar Berger renovó esas licencias.
  • En 2019, las comunidades q’eqchi’es ganaron un litigio cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó que la empresa suspendiera sus operaciones y redujera el área de influencia del proyecto Fénix, debido a que el gobierno no consultó a las comunidades antes de otorgar la concesión.

Si querés leer esta historia con mayor detalle podés ver el siguiente enlace en Instagram.

3. ¿Por qué hay que consultar a las comunidades?

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados sobre cualquier medida que pueda afectarles positiva o negativamente. Guatemala ratificó ese acuerdo y por lo tanto debe cumplirlo.

Más allá de la legislación internacional, los pueblos originarios reclaman su derecho a la defensa y protección del territorio; demandan, además, su derecho a un ambiente libre de contaminación, acceso a la tierra y al agua. 

Una mujer sostiene los cartuchos de lacrimógenos lanzados por la PNC contra la población que manifestaba el último fin de semana. Foto: Nelton Rivera / Prensa Comunitaria.

4. ¿Por qué aún no consultan a las comunidades?

Porque no existe una ley que regule cómo deben hacerse estas consultas. Esa tarea le corresponde al Congreso. 

La CC ha pedido en más de 7 sentencias que el Congreso generen una ley para llenar ese vacío legal, pero nunca ha sido prioridad para los diputados.

  • Existe una propuesta del sector empresarial que no tuvo el visto bueno de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.

Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas asegura que está realizando un proceso de pre-consulta antes de hacer una consulta a los pueblos de El Estor y de Panzós, Alta Verapaz. Pero líderes comunitarios señalan que el proceso está viciado y la empresa niquelera está influenciando a algunos sectores comunitarios para que apoyen la minería.

5. Cuando sea la consulta, si las comunidades dicen que no quieren minería ¿el gobierno está obligado a suspender todas las operaciones?

No de manera directa. La OIT aclara que en caso de que no se alcance un acuerdo el Estado debe negociar y buscar una forma en que los derechos de las comunidades indígenas no sean afectados.

El abogado ambientalista Juan Manuel de la Cruz, señala que uno de los problemas legales es que la misma Constitución, en su artículo 125, establece que la minería es de “utilidad y necesidad pública”.

“No tenemos una Constitución conservacionista, si el país no quiere minería y está probado que no nos es rentable, en lo económico y por la conflictividad social, deberíamos estar discutiendo una reforma”, señala el especialista.

6. ¿Si la Corte de Constitucionalidad ordenó que suspendan operaciones por qué la empresa sigue trabajando?

Al menos, durante el primer año, la empresa siguió operando bajo el argumento de que la CC no les dijo cuáles de sus operaciones tenían que detener. 

  • La compañía argumenta que sí detuvieron la operación extractiva en Fénix (tienen otro proyecto llamado Montúfar al que no aplica la suspensión).
  • Aseguran que los constantes camiones que ingresan no tienen que ver con CGN sino con la empresa hermana, PRONICO, y por ende a esta no le afecta la suspensión.
En 2019, trabajadores de la mina protestaron frente a la CC e impidieron la salida de las y los magistrados. Foto: Prensa Libre.

7. ¿La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) son la misma empresa?

Son empresas distintas pero ambas pertenecen a Solway Investment Group, de capital ruso. CGN se encarga de extraer el mineral y PRONICO se encarga de procesar el mineral que extrae CGN y otras empresas mineras.

8. ¿Las comunidades no quieren desarrollo?

El principal argumento de las empresas extractivas es que llevan desarrollo a las zonas en las que trabajan. 

Si bien el comercio local se dinamiza durante el proceso de explotación debido a que se generan empleos, no hay evidencia de que sea un desarrollo sostenible a largo plazo. 

En 2015, el mejor año de CGN, exportaron minerales con valor de Q.250 millones. De esa cantidad solo Q.1.8 millones recibió el municipio de El Estor como pago de regalías. 

9. ¿Esto tiene que ver con los supuestos sobornos que empresarios rusos entregaron a Giammattei escondidos en una alfombra?

No hay elementos suficientes como para asegurarlo pero algunos de los empresarios rusos señalados trabajaron para CGN o trabajan para otras empresas mineras de Izabal.

10. ¿Las personas de El Estor corren peligro por protestar? 

Sí. Existen múltiples denuncias por ataques, asesinatos y violaciones de derechos humanos de los y las líderes de las comunidades. 

  • En 2009 fueron atacados dos líderes locales,  Adolfo Ich Chaman quién murió tras el ataque, y German Chub Cho quien sobrevivió pero quedó en silla de ruedas. Un tribunal encontró culpable a Mynor Padilla, ex militar y entonces jefe de seguridad de la mina.
  • Un grupo de mujeres logró llevar a los tribunales canadienses una demanda contra una de las empresas mineras por abuso sexual y violaciones a sus derechos humanos. Más en el New York Times.
  • Durante esta jornada de protestas, al igual que en protestas anteriores se reporta el uso excesivo de la fuerza y los allanamientos a medios comunitarios de comunicación y sedes de organizaciones indígenas y campesinas.
Vista aérea de una de las minas. Foto: Santiago Batón / Plaza Pública.

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