Cuando Angelina tenía 12 años fue violada sexualmente por el capataz de una finca en Alta Verapaz. Meses más tarde, el 8 de agosto de 2019, la niña fue a un centro de salud donde descubrió que llevaba 17 semanas embarazada. Se convertiría en madre de gemelas por causa del abuso.
La idea de ser una niña embarazada no fue nueva para ella. Alta Verapaz es el segundo departamento con más niñas y adolescentes que se convierten en madres cada año —en 2022 fueron registrados 7,907 casos—.
Incluso, en su hogar, la hermana y una prima de Angelina también tuvieron un embarazo resultado de una violación.
Ante la ley guatemalteca, —art. 173 del Código Penal— todas las relaciones sexuales con menores de 14 años son consideradas un delito. Por eso, la denuncia por la violación de Angelina fue presentada en agosto de 2019. Los meses pasaron y las hijas de Angelina nacieron el 31 de diciembre.
Aunque este es un caso específico, la recopilación del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) demuestra que hay miles de niñas en Guatemala con una historia similar.
- En 2022 nacieron 67,688 bebés de niñas y adolescentes de edades comprendidas entre los 10 y 19 años, que fueron obligadas a parir. 2,187 nacieron de niñas que son menores de 14 años.
Un Congreso desinteresado
En la ley se dice que las víctimas de violencia sexual deben ser protegidas, pero la realidad es otra. Las niñas y adolescentes dejan de recibir atención especializada en salud, abandonan su educación y no tienen los medios necesarios para criar a sus bebés y subsistir.
Los programas de gobierno tampoco son una garantía. Por ejemplo, en febrero de 2020 Angelina fue inscrita en el Programa Vida del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esa iniciativa otorga mensualmente Q1,500 —US$190— a madres menores de 14 años, pero hasta junio de 2022 ella no había recibido una transferencia.
“Una ley podría mejorar las condiciones para que las niñas tengan más y mejores oportunidades”, considera Montenegro.
Aunque el Congreso no es la única institución estatal que puede contribuir en la reducción de embarazos juveniles, sí tiene en su poder la aprobación de leyes que beneficien a las niñas y adolescentes guatemaltecas desde tres ejes:
- Prevención de embarazos juveniles y erradicación de la violencia sexual.
- Protección y apoyo para las sobrevivientes de violencia sexual.
- Garantía y acceso a la justicia para las víctimas.
Identificamos 5 iniciativas de ley que responden a estas necesidades y permanecen estancadas en el Congreso desde hace varios años. Al hacer click en cada una se amplían los detalles.
En el 2022 el Congreso no solo evitó retomar o avanzar la aprobación de esas iniciativas pendientes. Tampoco conoció las únicas dos iniciativas presentadas para prevenir los embarazos juveniles o mejorar la garantía de justicia para las víctimas:
Andrea Villagrán, diputada ponente de esta última iniciativa, reconoce que en la legislatura anterior no era sencillo obtener los votos suficientes para aprobar una ley pro mujeres o en favor de los derechos sexuales y reproductivos. La diferencia es que ahora el bloqueo es inmediato.
“Es un ataque por parte del gobierno de turno, del oficialismo del Congreso y de la Junta Directiva con un discurso que es ‘provida’, pero en realidad es promuerte porque en lugar de hacer avanzar la agenda por los derechos de las niñas, las retroceden al no leer las iniciativas de ley, al no discutirlas y ni siquiera agendarlas”.
Las prioridades del Congreso en 2022
El año pasado el Congreso aprobó 57 leyes y reformas. 8 fueron para crear días conmemorativos a distintas profesiones y 1 para el día de la vida y la familia.
Además aprobaron con facilidad 5 estados de excepción y 9 subsidios al gas y la electricidad. Igual de fácil fue para los diputados la aprobación de la Ley por la Vida y la Familia, construida sobre una base religiosa y discriminadora, aprobada el 8 de marzo de 2022.
- La versión final de esta ley criminalizaba las decisiones de las mujeres sobre la continuidad de su embarazo, sin tomar en consideración los riesgos que padecen o las dificultades que enfrentan para acceder al sistema público de salud. También urgía la protección al matrimonio y la familia de los grupos y prácticas “incongruentes” con la familia tradicional.
La ley fue archivada por órdenes del presidente Alejandro Giammattei luego de la ola ciudadana de rechazo.
Entre otros decretos aprobados están la ampliación de Q3.1 mil millones —US$392.4 millones— para el Ministerio de Comunicaciones, que fueron distribuidos a 4 unidades cuyos proyectos son difíciles de fiscalizar; y la designación de Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
En pocas palabras: legislar para proteger la vida de las niñas sobrevivientes de abuso sexual, no fue una prioridad para el Congreso.
