Eso depende de los vínculos entre sus integrantes o por el historial de sus votaciones. Desde este punto de vista están:
- Los allegados al exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez.
- Los técnicos y cercanos al sector privado.
- Los que se vinculan con el oficialismo.
María del Carmen Peláez, investigadora en el área de transparencia y anticorrupción de Diálogos, dice que los miembros de la comisión podrían variar en sus votaciones de acuerdo con algunas dinámicas del contexto político:
“Podríamos anticipar que algunos decanos del sector privado puedan actuar de la mano con el oficialismo por esa prioridad de impunidad que tiene el sector empresarial actualmente”, señaló, aunque matizó que ese sólo es un escenario posible, pero no certero.
Desde el Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra destaca que hay que poner atención a cada acción de los comisionados porque, a su criterio, no se pueden definir grupos tan marcados.
Las actuaciones dependen de la etapa del proceso y depende del candidato a Fiscal por el que haya que votar en el momento determinado, señala.
En esta publicación, Quorum hace una reseña de cada integrante del último grupo, el oficialista.
1. Silvia Patricia Valdéz Quezada – Corte Suprema de Justicia
Valdéz es la magistrada vocal I de la Corte Suprema de Justicia desde 2014. Aunque su período debió terminar en octubre de 2019, sigue en funciones porque el Congreso ha evitado elegir a otros magistrados.
Eso se debe a las investigaciones del Ministerio Público sobre el amaño de la selección de magistrados, articulado por Gustavo Alejos. El Congreso, liderado por el oficialismo, aprovechó esa situación para evitar elegir nuevas cortes y mantener en el poder a los magistrados electos, de forma cuestionada, en 2014.
Ha sido presidenta de la CSJ en el período 2017-2018 y presidente interina desde octubre de 2019.
Para Peláez, la magistrada presidenta ocupa el cargo de forma ilegítima porque su mandato venció hace dos años.
“Tomando su trayectoria en consideración, las denuncias en su contra y sus fallos, es preocupante que ella maneje la agenda de la comisión porque puede determinar lo que se incluye y lo que se excluye en distintos temas”, expresó la investigadora de Diálogos.
Álvaro Montenegro, de Alianza por Reformas, reitera que es preocupante que la magistrada Valdéz presida la comisión porque se le presentó un antejuicio por el caso Comisiones Paralelas 2020 por participar en un complot en el proceso de elección de cortes.
“Quienes están señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020 no deberían de participar”, enfatiza Montenegro.
Estos son algunos señalamientos contra Valdéz:
- La Fundación Myrna Mack la denunció ante la Junta de Disciplina Judicial porque, en diciembre de 2016, difundió un comentario de Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, a través de WhatsApp, en el que se ataca a Helen Mack con relación a la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Diario Militar.
- Retrasó el trámite de antejuicio en contra de varios diputados del FCN-Nación, UNE, Todos, PP y UCN.
- Expresó públicamente su afinidad con el expresidente Jimmy Morales.
- En su elección, como presidenta en 2017, permitió que un magistrado suplente participara de la votación, por lo que fue señalada de ilegal.
- En abril del 2021 restringió el horario de ingreso al OJ a los fiscales del MP. Esto luego de que miembros de la Fiscalía esperaran a las afueras de la oficina del exjuez Mynor Motto porque tenía orden de captura.
- El diario La Hora publicó que Valdéz, la fiscal Consuelo Porras y el presidente Giammattei se reunieron antes de la destitución de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esta reunión se habría gestado porque el mandatario se enteró de una declaración hecha por un miembro de la seguridad de empresarios rusos en la que delató que estos inversionistas entregaron una alfombra llena de efectivo en la casa de Giammattei como dádiva por beneficios a esas empresas.
- El diario La Hora también publicó que la presidenta del OJ tenía comunicación con la exdiputada Alejandra Carrillo y directora del Instituto de la Víctima. El medio obtuvo la imagen que muestra una conversación por medio de Whatsapp en la que Carrillo se refiere a la presidenta de la CSJ porque “Xq la Patty se ha portado re linda”.
2. Lorena Isabel Flores Estrada – Universidad Rural
La Universidad Rural llamó la atención de los titulares de prensa antes de que la comisión de postulación comenzara a funcionar.
A última hora, el decano en ese momento, Mario Raúl García Morales, renunció al cargo y en su lugar llegó la abogada Lorena Isabel Flores Estrada.
Flores es asesora legislativa de la bancada del partido Bien, cuyo líder principal es el rector de la Universidad Rural, Fidel Reyes Lee.
Este diputado ha pertenecido a los partidos Lider, UNE y llegó en 2020 por Bien gracias al apoyo prestado por el expresidente Alfonso Portillo, quien intentó participar por medio de esa agrupación para ser diputado, pero el Tribunal Supremo Electoral prohibió su candidatura por la condena de lavado de dinero emitida en Estados Unidos.
Reyes Lee es un aliado del oficialismo en el Congreso. Con sus votos apoyó a que la presidencia del Organismo Legislativo siempre quedara en manos de los diputados aliados de Giammattei -Allan Rodríguez y Shirley Rivera-. La Universidad Rural, incluso, ha prestado su helicóptero a Rodríguez.
Además, es hermano del también diputado Edgar Reyes Lee y del magistrado de la sala primera de apelaciones de mayor riesgo, Marvin Fradique Reyes Lee.
Flores Estrada es asesora en el Congreso desde 2016 a la fecha asignada ahora al bloque de Bien con un salario de Q22 mil.
La abogada se postuló para ser candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no obtuvo los votos suficientes de la Comisión de Postulación.
También participó en el proceso para ser magistrada del Tribunal Supremo Electoral, pero no fue electa por el Congreso de la República.
3. Enrique Sanchez Usera – Universidad Panamericana
La Universidad Panamericana fue fundada por personas cercanas al exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, el extinto Movimiento de Liberación Nacional y la Iglesia Cristiana El Verbo.
Un informe del Movimiento ProJusticia refiere que Sánchez Usera participó en la elección para cortes del OJ en 2019 y 2020.
Según esta organización: “Se cree que directivos y dirigentes de la UPANA, que tienen ligazones por cuestiones religiosas con los exmiembros del FRG y ahora partido Valor, influyen en sus votaciones. También hay vínculos políticos de esos directivos con la alianza dominante y con los jerarcas religiosos protestantes”.
Sánchez Usera es un abogado español que comenzó su carrera profesional en Guatemala a partir de 1998. Ha sido catedrático y director de carreras en la Upana, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad del Istmo.
“El exmagistrado Erick Álvarez ha ejercido en el pasado un importante grado de influencia en las decisiones relativas a las comisiones de postulación”, relata el informe de ProJusticia. Y es que, según esta organización, se sabe que Álvarez es cercano a Sánchez Usera.
Hay evidencia de que, en 2018, Sánchez Usera, junto a Ana Mercedes Suasnávar Palma (Universidad de Occidente), rechazó las tres tachas presentadas contra Erick Álvarez en el proceso de elección de Fiscal General.
Los otros comisionados sí votaron contra el magistrado de la Corte Suprema.
Sus votos también intentaron favorecer al candidato Fausto Corado Morán y Franc Armando Martínez Ruiz, quien siendo magistrado, redactó el borrador de una amnistía para beneficiar al exdictador José Efraín Ríos Montt, en 2014, informó Nómada. Incluso, se reunió con los abogados del militar retirado.
