La sesión del jueves 2 de mayo en el Congreso duró apenas media hora. Parecía una sesión irrelevante, pero entre esos breves minutos logró colarse una iniciativa, la 6388, nombrada como “Ley para la agilización en la ejecución de obras de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”.
La propuesta es liderada por el diputado Julio Héctor Estrada y respaldada por diputados de alto perfil como Adim Maldonado (UNE), Felipe Alejos (TODOS), Sandra Jovel (Valor) y el presidente del Congreso, Nery Ramos (Azul).
El proyecto se centra en modificar el artículo 45 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Ese artículo describe cómo se le asignan recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para poder ejecutar sus proyectos.
Para explicar los cambios que pretende hacer la iniciativa, primero necesitamos explicar cómo se administra el presupuesto para obras departamentales.
¿Quiénes deciden sobre las obras del departamento?
Un Codede es una organización departamental, donde participan representantes de los pueblos indígenas, sociedad civil, los alcaldes y el gobernador departamental. Cada Codede tiene a su cargo formular proyectos de obra pública y verificar su avance.
Cada año se establece un presupuesto específico para los proyectos de los Codedes. Este año, por ejemplo, se les asignaron Q3,392 millones para realizar 2,508 proyectos en los departamentos.
El dinero es desembolsado poco a poco. Primero, el Codede firma un convenio con la Municipalidad y entrega un estudio técnico que sustenta la obra. Con eso, se le entrega el 20% del total del presupuesto para el proyecto.
En teoría, el resto del dinero se desembolsa conforme avanza el proyecto y el último pago se realiza cuando se entrega la obra.
El diputado de Cabal, Julio Héctor Estrada, opina que este modelo de planificación anual de los proyectos es ineficiente. Sobre todo, destaca que muchas veces los retrasos en los proyectos ocurren por problemas durante la licitación de los proyectos o el proceso administrativo.
El cambio: prórrogas de los recursos a pocos meses de la campaña electoral
El presupuesto aprobado cada año para las obras está pensado para ser ejecutado en ese mismo año, pero muchas veces no se cumple con esa meta y, por eso, parte del presupuesto para la obra no se utiliza.
La iniciativa 6388 supuestamente busca agilizar la ejecución de las obras y asegurar que los Codedes tengan los recursos disponibles para ello.
Sin embargo, la propuesta incluye dos puntos que podrían ser problemáticos según las observaciones de Segeplan:
- Que cada año los Codedes puedan disponer del dinero que no usaron en el periodo anterior. Pero no exige que estos proyectos hayan tenido avances, simplemente permite que el Ministerio de Finanzas (Minfin) le entregue el desembolso pendiente de la obra a los Codedes.
- Que si la ejecución de una obra no avanzó durante dos años consecutivos, el Codede pueda abandonar el proyecto y utilizar el dinero asignado a esa obra para crear nuevos proyectos en la misma comunidad.
Este segundo punto es el más preocupante, de acuerdo con Enrique Maldonado, Subsecretario de Inversión de Desarrollo.
Si la iniciativa 6388 es aprobada este año, los Codedes podrían comenzar el 2025 solicitando el dinero no ejecutado del 2024.
Asimismo, explica que el plazo de dos años para comenzar a ejecutar las obras correría a partir de 2025 y concluiría a inicios de 2027, justo semanas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a nuevas elecciones generales.
Isabel Reyes, investigadora de Diálogos, también comparte esa perspectiva: “Esta iniciativa permite que los desembolsos sean postergados, por lo que permite que los recursos en cierta medida se acumulen para los momentos más cercanos a la campaña de 2027. Tampoco considera procesos de fiscalización externa a la estructura municipal y departamental”.
Julio Héctor Estrada asegura que la iniciativa no está pensada específicamente para el próximo periodo electoral y, contrario al análisis de Segeplan, dice que los proyectos que no hayan tenido avance en 2024 y 2025 podrán ser reprogramados en 2026, sin tener que esperar al año electoral.
Por otro lado, menciona que el plazo de los dos años es el caso más extremo. Duda de que los alcaldes decidan postergar sus obras hasta ese entonces, pues, según él, iría en contra de sus intereses.
“No tiene sentido atrasarlos intencionalmente. Sería un comportamiento contrario al de los alcaldes electos. Hemos considerado bajarle de dos años a uno, pero el problema es que si se quiere licitar un proyecto y la licitación toma cuatro meses y se cae, no le va a dar tiempo de hacer otra y pierde el proyecto para este año”, agrega.
A pesar de que el diputado le da el beneficio de la duda a los alcaldes, investigaciones periodísticas demostraron que el gobierno de Alejandro Giammattei utilizó la obra pública para asegurarse el apoyo de más de 160 alcaldes, quienes gozaron de presupuesto extra para obras en sus municipios.
Los siguientes pasos en el Congreso
La iniciativa 6388 es impulsada por 32 diputados en su mayoría del partido Cabal, de Valor y de la UNE.
Hasta ahora, el proyecto de ley está redactado para que pueda ser aprobado en el Congreso por urgencia nacional. Es decir, por medio de una única votación donde al menos 107 diputados voten a favor.
Pero antes de ser votada en el pleno, la iniciativa debe ser analizada en la Comisión de Finanzas del Congreso, presidida también por el diputado Julio Héctor Estrada. Con el visto bueno de la comisión (dictamen favorable) ya puede ser sometida a votación.
Segeplan advierte que esta iniciativa no debe ser aprobada por el pleno —al menos no tal cómo está—, por eso, el 16 de mayo envió un oficio a la Comisión de Finanzas detallando cada uno de los errores.
La Comisión aún podría modificar estos detalles antes de enviarla al pleno o retener la iniciativa un poco más.
