Hay varias acciones que en mayor o menor medida influyeron en el proceso y en los resultados. Eso llevó a integrar una lista de cinco candidatos y, a última hora, se forzó la sexta candidatura, de Consuelo Porras. Así se conformó la nómina:
1. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
2. Jorge Luis Donado Vivar
3. Darleene Apolinia Monge Pinelo
4. Gabriel Estuardo García Luna
5. Henry Alejandro Elías Wilson
6. Consuelo Porras Argueta
Esa lista es el resultado de una serie de acciones y decisiones que beneficiaron al oficialismo:
La intimidación contra la Da Vinci
Esta universidad ha sido una de las más cuestionadas en años anteriores. Para esta elección de Fiscal General optaron por hacer un cambio en la decanatura y nombraron a David Gaitán, quien trabajó para CICIG y Acción Ciudadana.
Para la Fundación Contra el Terrorismo el nombramiento representó un riesgo y decidieron accionar legalmente. Lo denunciaron y el MP de Consuelo Porras empezó a requerir información.
- Gaitán optó por renunciar al cargo, y por ende, a la comisión.
El caso contra la USAC
El mismo día en que fue juramentada la comisión de postulación, el MP de Consuelo Porras citó al decano de Derecho de la USAC, Henry Arriaga, para rendir declaración por un caso de corrupción.
- Esto pudo haber sido una intimidación. No hay que olvidar que con anterioridad, Consuelo Porras presionó para sacar un caso de corrupción justo en el momento en que la USAC elegía a su representante en la Corte de Constitucionalidad.
En la votación final Arriaga se mantuvo firme en su voto a favor de Consuelo Porras como candidata a la reelección.
El mensaje a la comunidad internacional
Hans Magnusson, embajador de Suecia, invitó a otros diplomáticos a conversar sobre el proceso de elección de Fiscal General. El gobierno de Giammattei reaccionó con una carta en las que llamaba al cuerpo diplomático a: “no inmiscuirse en los asuntos internos”.
“Esto fue como una amenaza en contra de la transparencia que se pide frente a este proceso”, comenta Álvaro Montenegro. También explica que el apoyo de la comunidad internacional ha sido normal y fundamental en otros procesos.
- Tras la respuesta de Giammattei, el papel de las embajadas y los organismos internacionales fue menos activo que en procesos anteriores.
El bloqueo a las y los jueces
La Fundación contra el Terrorismo presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando que el ser juez no cuenta como ejercicio de la abogacía. Este es un requisito necesario para optar al cargo.
- El argumento carecía de lógica pero la CC les dio la razón. Por ello, jueces independientes como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán, no pudieron ni siquiera postularse al cargo.
Es importante recordar que la CC era presidida por Roberto Molina Barreto, excandidato vicepresidencial de Zury Ríos.
La amenaza a ex fiscales
En esta elección tampoco se presentaron fiscales que tuvieron un trabajo destacado en la lucha contra la corrupción. En gran medida por la campaña de persecución y venganza que Consuelo Porras desató en contra de extrabajadores de Feci y CICIG.
- Álvaro Montenegro explica que estas acciones: “Metieron zozobra en el ambiente e hicieron que muchas personas buenas no se postularan por el miedo a que el MP les montara un caso”.
Los criterios para calificar candidaturas
La comisión postuladora tiene libertad para decir cómo evaluará a las y los aspirantes o qué hacer con los señalamientos en contra de estos. Al respecto tomaron dos decisiones trascendentales que terminaron beneficiando a Consuelo Porras.
Carmen Aída Ibarra, del movimiento ProJusticia, explica que la decisión de no evaluar a Consuelo Porras por sus años como Fiscal General, impidió que fueran aceptadas las tachas por la forma en que desarmó a la FECI o frenó casos por corrupción.
La otra decisión trascendental fue tomar en cuenta el doctorado de Consuelo Porras, pese al evidente plagio.
- El resultado de ambas decisiones fue que el expediente de Consuelo Porras obtuvo la calificación más alta. Esto debido a que su doctorado le sumó méritos académicos y a que la forma oscura en que dirigió el MP, no fue tomada en cuenta para evaluar su honorabilidad e idoneidad.
Amenazas contra la comisión
Las presiones contra las y los comisionados han sido diversas pero entre ellas cabe destacar dos casos:
- Consuelo Porras envió un oficio a las y los comisionados amenazando con tomar acciones legales si llegaba a discutir sobre el plagio de su tesis.
- Hugo Escobar, decano de Derecho de la universidad Rafaél Landívar fue blanco de un constante acoso por su postura en contra de la candidatura de Consuelo Porras. Ricardo Méndez Ruíz, de la Fundación Contra el Terrorismo lo denunció ante la postuladora. También el exdiputado Fernando Línares Beltranena publicó una carta pidiendo que la universidad Landívar lo destituyera.
- Durante las votaciones para elaborar la nómina final, el decano de la universidad Francisco Marroquín, también fue blanco de amenazas por negarse a apoyar a Consuelo Porras.
Este tipo de amenazas y acciones contra las y los candidatos intentaron condicionar sus votos y su forma de actuar.
De comisionada a cabildera
Silvia Patricia Valdés, presidenta del Organismo Judicial, tenía un papel importante como presidenta de la Comisión de Postulación.
Pero en medio del proceso, con sus acciones y decisiones se movilizó para beneficiar a Consuelo Porras. Así pasó de comisionada a cabildera:
Ahora la elección final queda en manos del presidente Giammattei quien tiene la mesa libre para tomar la decisión.
