Juan Francisco Sandoval lideró, desde la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad, investigaciones que evidencian cómo se negociaron las elecciones de cortes en 2014 y 2020. Esta es su visión sobre el actual proceso de elección que está a punto de terminar.
El trabajo de las comisiones de postulación finalizó. Hubo tropiezos en un inicio y luego señalamientos por los pocos filtros que hubo para los candidatos, ¿Cómo las evalúa usted?
Sandoval: El trabajo de las comisiones, en la medida en que las circunstancias lo permitieron, fue mejor de lo que se esperaba. Fue un trabajo aceptable. En primer lugar, por la nómina elaborada por la comisión de postulación para la Corte de Apelaciones. Hubo una gran cantidad de aspirantes indeseables que finalmente quedaron fuera.
¿Se refiere a candidatos como el fiscal Rafael Curruchiche y otros jueces que han avalado la persecución del MP?
Sí. Son personas que no cumplen con los requisitos que contempla la Constitución, en cuanto a capacidad, idoneidad, honradez e independencia, porque han sido sancionados y sus actuaciones no han dejado un buen antecedente para el sistema de justicia.
¿Qué factores intervinieron para que ellos quedaran fuera?
Hubo atención y observación no solo nacional, sino internacional. La participación de la gente, opinando y debatiendo fue mucho mayor. Antes había poco interés en saber cómo se eligen a los magistrados. Hubo seguimiento. Eso creo que ha marcado la diferencia. Muchos de los actores, que ya se hacían con magistraturas, no obtuvieron ningún voto de los comisionados, entonces creo que de alguna manera la presión pública funciona.
Eso es lo rescatable de esta comisión de postulación, pero ¿hubo intentos para hacer fracasar este proceso?
Lo que vemos es que existió una serie de retardos maliciosos, como la discusión sobre la sede, que impidieron que los propios comisionados tuvieran mejores parámetros de evaluación. El otro tema importante, y que fue evidenciado por Plaza Pública, es sobre cómo los aspirantes obtuvieron múltiples títulos académicos y de forma exprés con el propósito de obtener una mejor nota. Esos puntajes obtenidos a todas luces son artificiosos. Otro elemento es el conflicto de interés de los candidatos –algunos eran comisionados y a la vez aspirantes–. Eso, pese a los señalamientos de la sociedad civil, no provocaron un descarte inmediato de sus postulaciones.
Otra aspecto que diferenció este proceso de comisiones de postulación fue la presencia de la OEA, ¿Qué dice eso de nosotros como país?
Esto evidencia la debilidad de las instituciones en Guatemala. Cuando se instaló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) esto se hizo por esa misma debilidad. Su trabajo determinó cómo existe un sistema de justicia y una institucionalidad capturada. Al seguir siendo víctima las instituciones de esa captura, se hace necesario nuevamente que un gobierno democrático acuda a pedir el auxilio de instancias internacionales.
Hablaba de la postuladora para sala de apelaciones, pero ¿qué piensa de la comisión para Corte Suprema de Justicia?
En el caso de la Corte Suprema de Justicia es preocupante otra situación. De los 26 aspirantes de la nómina final que fue ya entregada al Congreso, 16 aparecían en listas que se habrían negociado en el proceso anterior –en las elecciones de cortes 2020–. En esa ocasión, lo que pudo establecerse no sólo con los hallazgos en los allanamientos, sino con lo declarado por actores involucrados, es que en esas listas también se hacía referencia a quiénes apadrinaban a cada candidato.
Si los aspirantes responden a quienes los apadrinaban, ¿significa que no podemos tener esperanza de una justicia más independiente?
La esperanza que se tiene es que, quienes resulten seleccionados por el Congreso como magistrados hagan prevalecer el valor justicia por encima de cualquier interés o sector ajeno al proceso que apoyó su postulación. Aunque puede ser utópico, esperaríamos que los nuevos magistrados respondan a la Constitución y a las leyes, y no a otros actores externos.
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Pero vemos a candidatos como Dimas Jiménez, fiscal regional y cercano a Consuelo Porras, que ahora podría convertirse en magistrado de la CSJ, ¿Es preocupante?
Yo creo que le debería de preocupar a la sociedad guatemalteca tener magistrados con esos antecedentes, la manera en que fue ascendiendo vertiginosamente dentro del Ministerio Público. De ser un auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos Económicos como trascendió su posición en el Ministerio Público hasta ser Fiscal Regional. Es necesario determinar si el ascenso fue con base en méritos o por el contrario fue un nombramiento por compromisos. Él podría ser un alfil del Ministerio Público corrupto dentro del seno de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué otra lección nos deja este proceso de comisiones de postulación?
Lo que nos deja claro también estas comisiones de postulación es que es un proceso caduco, que no cumple con su función de medir adecuadamente las calidades de quiénes aspiran a una magistratura. Eso hace que sea necesario que empecemos a realizar ejercicios comparativos con otros países y comencemos a tratar de trazar una reforma constitucional que permita mejorar el sistema de selección de magistrados. La fórmula no la podría decir en este momento, pero debe de adecuarse a estándares internacionales. Aquí estamos hablando de buscar buenas prácticas que han funcionado en realidades parecidas a la guatemalteca.
