En octubre de 2021, exmilitares que exigían el pago de una indemnización agredieron a periodistas, ingresaron al Congreso e incendiaron el parqueo y algunos vehículos.
Aunque el Congreso tiene seguro contra incendios, gastó Q1 millón 46 mil para costear las reparaciones. Pese al daño, no hay avances en la investigación contra los responsables y hay diputados que aún apoyan a los militares para que reciban su indemnización.
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Nanci Sinto, activista por los derechos humanos que participó en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020, fue capturada por hacer unas pintas que se lavaron después con agua y jabón.
Lo mismo pasó con la estudiante Dulce Archila. A las dos el MP las acusa de depredación de bienes culturales.
La fuerza que se usó para capturarlas y la insistencia que está teniendo el gobierno para lograr verlas en prisión es desproporcionada en relación al daño que supuestamente causaron.
Aunque fueron capturadas por lo mismo, Nanci y Dulce tienen procesos penales por separado, pero el MP ha actuado de la misma forma con las dos.
Aquí te explicamos tres puntos importantes para entender este caso:
1. ¿Por qué no hay fundamentos para enviarlas a juicio?
Cuando se debatía si enviar a juicio o no a Nanci y Dulce, la jueza titular fue clara al decir que el MP no presentó ningún fundamento serio para enviarlas a prisión por el delito de depredación del patrimonio cultural (6 a 9 años de prisión).
Aunque el MP las acusa por el deterioro de varias paredes del Congreso durante la manifestación, no pudo demostrar que la pinta causara “pérdida en la esencia del estado de conservación y autenticidad del edificio”, explicó la jueza.
Además, en los dictámenes que presentó el propio MP, se estableció que los daños fueron reversibles y las paredes quedaron limpias con agua y jabón.
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2. ¿Qué pasa ahora?
A pesar que la jueza ordenó el sobreseimiento en los dos casos (suspensión de la persecución penal), el MP, el Congreso y la PGN apelaron esta resolución, consiguieron que una sala les diera la razón y que decretara el inicio de un juicio.
Cristian Otzín, abogado de Nanci, explicó que la sala no demostró ningún argumento o fundamentación. Por eso intentarán agotar todos los recursos legales posibles. El caso podría llegar hasta la Corte de Constitucionalidad (aliada de Giammattei y del Congreso).
Aunque Otzín dice estar dispuesto a llegar a las últimas instancias para evitar que Nanci llegue a la cárcel, le preocupa que los magistrados que conozcan su caso decidan quedar bien con el Congreso, quien es el que elige a los magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
3. ¿Qué mensaje quieren enviar?
Para Otzín es claro que el Estado busca criminalizar a Nanci para intimidar a quienes manifiestan.
Esto sucede al mismo tiempo que los diputados buscan darle más poder a las fuerzas de seguridad para que intervengan en manifestaciones con armas letales. Al mismo tiempo quieren garantizarles impunidad para que policías y soldados no puedan ser juzgados o enviados a prisión por abusar de su fuerza.
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Al conocer la resolución de la Sala, Nanci se expresó y dijo “Una pinta es de menor trascendencia social y no amerita el uso del derecho penal, ni la participación de los tres poderes del Estado. Este proceso de criminalización daña mi proyecto de vida y en cualquier momento esta persecución puede dañar a otras personas que ejerzan su legítimo derecho a expresarse y manifestarse”.
