En la elección no solo son importantes los 15 académicos y funcionarios que van a definir la lista de seis candidatos a Fiscal General. O el presidente Giammattei, quien debe tomar la decisión final. Hay más personas involucradas.
Esta vez, un abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, respaldado por la Corte de Constitucionalidad, logró impedir que jueces y juezas independientes puedan optar a dirigir el Ministerio Público.
¿Cómo empezó el boicot?
El abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, Raúl Amílcar Falla Ovalle, presentó, el 8 de febrero, un amparo en la Corte de Constitucionalidad que impide la participación de los jueces en la elección de Fiscal General.
Eso cerraría las puertas a jueces y juezas como Erika Aifán, Patricia Gámez o Miguel Ángel Gálvez, que están a cargo de casos de alto impacto.
¿Cuál es el argumento?
Las reglas establecen que, para aspirar al cargo de Fiscal General, los candidatos deben tener, al menos, 10 años de experiencia como abogados o haber sido magistrados.
El argumento de Falla es que los años que alguien se desempeña como juez o jueza, no deben contar como experiencia en la abogacía.
Esa interpretación deja fuera dos criterios:
- Para ser juez se requiere ser abogado por lo que las personas sí están ejerciendo su profesión.
- La disposición no aplicaría para las y los magistrados.
La CC resolvió, nueve días más tarde, con un amparo provisional. Es decir que, por el momento, le da la razón a Falla.
Aunque las y los magistrados de la CC podrían cambiar de opinión, por ahora su decisión provisional cierra la puerta a jueces y juezas independientes.
La Asociación de Jueces por la Integridad, con Erika Aifán al frente, respondió que la decisión de la CC impide que jueces de carrera se puedan postular a cargos como las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia o CC.
“Es claro que la intención es limitar a un grupo de personas en particular, que cuentan con la experiencia e integridad para ocupar altos cargos”, señala.
La fecha fatal
Este 21 de febrero se termina el plazo para que aspirantes al cargo de Fiscal General presenten sus expedientes.
Con la resolución provisional de la CC, los jueces de carrera se quedarían fuera de la competencia. Y eso da ventajas a otros profesionales, especialmente a exfiscales como Jorge Luis Donado, que ahora está al frente de la Procuraduría General de la Nación.
