Una de las últimas movidas del gobierno de Alejandro Giammattei fue darle a Elevar Resources, empresa propietaria de la mina Cerro Blanco, el permiso para extraer oro y plata a cielo abierto en Jutiapa. Ocurrió el 9 de enero, apenas cinco días antes del cambio de mando.
La licencia fue otorgada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dirigido entonces por Gerson Barrios, pese al rechazo tanto de comunidades en Guatemala como en El Salvador, dónde también podrían haber impactos por la contaminación.
Si querés saber más sobre la resistencia a la mina podés leer el especial “Defensores del Lago de Güija”.
Los 900 documentos faltantes
La facilidad con la que avanzaban los trámites de la empresa cambió tras la salida de Giammattei y la llegada del gabinete de Bernardo Arévalo.
María José Iturbide, la primera ministra de Ambiente de Bernardo Arévalo, ordenó que se revisará el expediente de la mina Cerro Blanco, en el que se incluía el cambio de operación, para saber si se había cumplido con todos los requisitos legales.
El 5 de febrero las nuevas autoridades se toparon con una sorpresa: dentro de las carpetas hacían falta 939 documentos. Aunque José Rodrígo Rodas, viceministro de Ambiente, ordenó que se buscaran, estas no fueron halladas. Únicamente hallaron unas fotocopias con el supuesto contenido original .
El 20 de febrero, el Ministerio de Ambiente denunció el extravío de esos documentos, pero el Ministerio Público (MP) no tardó en desestimar la denuncia. Es decir, decidió no investigarla. La Fiscalía de Delitos Administrativos aseguró que la pérdida de esos 900 folios no era un delito.
Sin embargo el extravío de los más de 900 documentos sí representa un problema grave. Las autoridades de Ambiente impugnaron la decisión del MP porque insisten en que se debe identificar quiénes fueron las personas involucradas en la desaparición de los documentos y por qué lo hicieron.
Hasta ahora el juez designado no ha decidido si el caso se reabrirá para seguir investigando.
La desestimación de casos ambientales parece ser regla en el MP. Quorum reveló cómo en la gestión de Consuelo Porras decidieron deshacerse de 4 mil denuncias de ese tipo en 2023, un número nunca antes alcanzado.
Acá podes leer el reportaje completo: Río de impunidad: MP pidió el cierre de 4 MIL denuncias ambientales
¿Qué tan importantes eran esos documentos?
Según la denuncia que presentó el Ministerio de Ambiente y que fue obtenida por Quorum, en esos folios extraviados deberían estar:
- Los estudios a detalle sobre el impacto que tendría en el aire y el agua la operación a cielo abierto.
- Análisis históricos sobre la composición química del área de explotación.
- Otros informes sobre el ruido y las vibraciones que causaría la extracción de oro y plata.
En resumen se extraviaron los documentos originales en los que debían constar el nivel de riesgo e impacto que provocará la minera en las comunidades locales.
Jorge Lu, abogado ambientalista, explica que, más allá de si se investiga o no la pérdida de los 900 folios, puede haber otro asunto grave.
El que hayan desaparecido esos documentos hace que se pierda la seguridad jurídica del expediente. Es decir, que ahora no hay certeza sobre si el contenido que quedó en las copias es verdadero o falso.
“El plan de gestión ambiental ––lo que desapareció–– es una parte fundamental. De este se derivan las medidas para prevenir o mitigar el impacto que tiene una operación. La falta de certeza en los documentos, ahora puede ser aprovechada por alguien de mala fe, ya sea para incumplir obligaciones o para evitar que el ministerio señale vicios”, dice Lu.
Ese no es el único problema. Guadalupe García, directora del Observatorio Industrias Extractivas (OIE), afirma que no es algo nuevo el hecho que desaparezcan documentos de los expedientes ambientales y cree que una de las razones detrás de esto es ocultar la información sobre los daños reales que deja la explotación de recursos naturales.
García menciona que investigaciones que han realizado sobre la mina Fénix (níquel) y Perenco (extracción petrolera) no pudieron acceder a algunos documentos sobre el impacto ambiental debido a que el Ministerio de Ambiente también los había pérdido.
De sellos y firmas falsas: la otra denuncia
El extravío de los 900 folios no es la única anomalía en el expediente de Cerro Blanco. Con la llegada de Patricia Orantes a la jefatura del Ministerio, se identificaron más anomalías:
- Falta de sellos oficiales y obligatorios en algunos documentos.
- Uso de un sello falso de la Dirección de Gestión Ambiental
- La firma falsa del jefe del Departamento de Calidad Ambiental.
- Documentos que habían sido anulados por personal del ministerio y que luego aparecieron como vigentes.
- Un documento a nombre de una persona que ya no trabajaba para el ministerio cuando se elaboró.
- Documentos con inconsistencias en la hora y en las firmas de recibido.
Esos hallazgos, en los que también se incluye el incumplimiento de otros requisitos, provocaron que el Ministerio de Ambiente presentara una nueva denuncia el 22 de febrero ante el MP. Hasta ahora la Fiscalía Contra la Corrupción ha presentado pocos avances sobre esta denuncia.
Por ejemplo, no ha solicitado que al caso se le asigne un juez, que podría aprobar solicitudes de allanamiento o emitir órdenes de captura. Lo último que supieron en el Ministerio de Ambiente es que el MP pediría un análisis de los documentos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La falsificación de documentos y de licencias ambientales se ha dado en otros casos. Solo este año, la institución ha presentado denuncias contra un colegio, una finca y una empresa productora de café por haber falsificado documentos para poder operar.
Aparte de estas dos denuncias relacionadas con la minera, el 14 de junio también se presentó otra en contra de Diego Pérez, exdirector de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) del Ministerio de Ambiente. Las nuevas autoridades lo señalan de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por supuestamente estar involucrado en la autorización para explotar a cielo abierto.
Este lunes 8 de julio José Rodrigo Rodas, viceministro de Ambiente, fue citado a declarar en el Ministerio Público por la denuncia contra el exfuncionario.
La suspensión
A pesar de las anomalías la Mina Cerro Blanco sigue en pie. De forma provisional su operación a cielo abierto fue suspendida el 14 de junio. Esto, debido a que utilizaron un trámite incorrecto para cambiar su método de explotación.
Sin embargo la empresa impugnó la decisión del Ministerio de Ambiente y hasta ahora sigue en vilo. El camino para suspender definitivamente o no el proyecto minero es largo. Luego de que se agoten todos los trámites administrativos en el ministerio, el caso podría terminar en las cortes.
