Guatemala enfrenta dos casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial. Una minera y dos hidroeléctricas le exigen indemnizaciones que en total suman US$530 millones.
Las empresas, propietarias de los tres proyectos, han tenido un pasado turbulento en Guatemala y Huehuetenango, los dos departamentos donde habían empezado a operar.
¿Qué empresas son?
- El nombre de la minera es Exploraciones Mineras de Guatemala, propiedad de la estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA). La compañía buscaba extraer oro y plata en un lugar llamado La Puya, ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, cerca de la Ciudad de Guatemala.
- La otra empresa, dueña de las dos hidroeléctricas, es Energía y Renovación Holding. La compañía pretendía poner en marcha la Generadora San Mateo y Generadora San Andrés en el territorio Yichk’isis o Ixquisis, ubicado en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Las manchas de las empresas
Las dos compañías tienen en común el haber empezado a construir sus proyectos en 2012 sin haber realizado una consulta a las comunidades indígenas que serían afectadas por estos, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al que está adscrito Guatemala.
- La minera afectaría a población xinca y kaqchikel de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.
- Las dos hidroeléctricas afectarían a población chuj, akateka y q’anjob’al de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
La falta de esa consulta y la contaminación que suponía para sus recursos naturales, hicieron que los pobladores se organizaran y empezaran una resistencia en sus territorios. En los dos casos, el gobierno de Otto Pérez Molina las reprimió con agentes antimotines.
La minera y las dos hidroeléctricas también fueron acusadas de presentar estudios de impacto ambiental poco fiables que no profundizaban sobre los riesgos que las familias corrían con la instalación de los proyectos.
Un especialista estadounidense, de larga trayectoria, tachó el estudio ambiental de la minera como el “peor” que había revisado en toda su carrera. Entre sus conclusiones, señaló que la empresa obviaba los graves efectos que tendría la extracción del oro y la plata sobre las fuentes de agua de la población.
Los casos contra Guatemala y los gastos de su defensa
La minera decidió demandar a Guatemala ante el CIADI en 2018. Por este arbitraje internacional, el país ha tenido que contratar a un abogado que nos defienda y ha pagado los gastos administrativos en los que ha incurrido esta corte.
El Ministerio de Economía, encargado de velar por el comercio internacional, es la institución que ha tenido que desembolsar el dinero. Por este caso, ha destinado Q12.5 millones para defender a Guatemala, según datos entregados a Quorum.
De esa cantidad, Q5.8 millones han sido directamente para un bufete internacional llamado GST LLP, que armó la estrategia de defensa y recolectó las pruebas para evitar la sanción multimillonaria de US$350 millones.
Mientras que Energía y Renovación Holding, propietaria de las dos hidroeléctricas, demandó al país en 2021. La empresa busca una indemnización de US$180 millones.
Ese juicio comercial le ha costado a Guatemala Q2.9 millones. De este monto, Q2 millones han sido solo por gastos administrativos del CIADI, como honorarios para los árbitros —los jueces— que deberán resolver esta controversia.
Las dos empresas señalan a Guatemala de no cumplir con sus compromisos legales y de no garantizar seguridad para el funcionamiento de sus proyectos. Ninguna responde a las llamadas y mensajes que les fueron hechos.
“Esto se pudo haber evitado”
Hasta el momento no se ha dictado sentencia en ninguno de los casos. Pero si Guatemala pierde en este arbitraje, los impuestos que podrían ser usados para salud o educación tendrían que ser destinados para cancelar la sanción económica.
Alvaro Sandoval, uno de los líderes de la resistencia La Puya, lo tiene claro. “Si Guatemala pierde el arbitraje, el pueblo es el que pagará la sanción, no los funcionarios”, dice.
Para Sandoval esta demanda y los gastos que ha implicado se pudieron evitar si las autoridades hubieran respetado los derechos de los pueblos indígenas. “Si hubieran hecho las cosas bien, tanto el Estado como la empresa, esto se pudo haber evitado”, puntualiza.
Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) que acompaña a las comunidades de San Mateo Ixtatán, asegura que el fallo debería favorecer a Guatemala, pues la empresa —al igual que el Estado— tenía la responsabilidad de elaborar estudios ambientales adecuados e informar y consultar a los pueblos indígenas. Pero, dice, la compañía no cumplió con esas obligaciones.
“Esta demanda se pudo haber evitado si el Estado de Guatemala escuchara a los pueblos indígenas y cumpliera con los estándares internacionales que existen”, afirma la abogada.
Las construcciones de las dos hidroeléctricas quedaron a medias. Pero Peña señala que estas aún afectan a la población. En temporadas de lluvias, las modificaciones que se hicieron al cauce de los ríos han provocado inundaciones en viviendas y escuelas.
¿Cuál es la postura del gobierno de Bernardo Arévalo sobre estos casos? No lo sabemos. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Economía respondieron las solicitudes de entrevista y preguntas que les fueron planteadas.
2 comments
Muchas gracias por informar de tan importantes asuntos relacionados a Guatemala. Yo me pregunto por qué estas Empresas hacen esto en nuestro país si ni quieren vernos de turistas a los latinos en sus países y de por qué lo permiten en Guatemala, ya sabemos malos guatemaltecos que estuvieron en el poder hasta venden su alma al diablo por dinero, pero deberían castigarlos por medio de la ley por vender a Guatemala.
😡😠😡