“Todo está aprobado y certificado como debe de ser”, aseguró Miguel Morales, aquella mañana soleada de julio de 2022, cuando un grupo de habitantes de Canalitos volvieron a oponerse a los avances de la empresa Acuífero San Miguel S.A.
Como en otras ocasiones, Morales defendía a la empresa y rechazaba las preocupaciones de las familias que el Acuífero San Miguel S.A. las dejaría sin agua, y sus sospechas que la empresa se saltó los pasos de la ley cuando construyó el pozo que llevaría el agua de la zona 24 a residenciales privados en la zona 16.
En dos reportajes contamos la escasez de agua en varias comunidades de la zona 24 de la Ciudad de Guatemala.
- También contamos cómo la Municipalidad capitalina no actúa para mejorar el servicio, pero sí autorizó a la empresa Acuífero San Miguel S.A. para que se la lleve y la comercialice. ¿El responsable? El gerente de operaciones, Álvaro Hugo Rodas.
Las denuncias de las y los vecinos de Canalitos fueron ignoradas y esto los llevó a enfrentarse a solas con la empresa en encuentros como el de julio de 2022.
Ese día Miguel Morales no cargaba su chaleco de juez de asuntos municipales de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Se volvió a presentar como representante del acuífero y ofreció un acuerdo verbal de abastecimiento de agua potable en cantón Las Huertas con tal de que la población dejara de oponerse.
“Enséñenos los documentos y las licencias entonces”, pidió uno de los vecinos en la reunión en julio.
“No sé por qué ustedes piensan mal”, respondió Morales, molesto.
“No queremos envenenarlos. Tendrán que hacer su solicitud, un estudio es un expediente grande, si yo les traigo todo, ustedes no van a entender. Si desconfían y quieren llevar el agua a un laboratorio, háganlo”, recalcó.
Marn y Muni regalan tiempo impune y sanción mínima
Todo eran mentiras. Morales no era representante de la empresa, o por lo menos así se auto corrigió cuando Quorum le solicitó entrevista. Además Acuífero San Miguel S.A. no realizó un estudio de impacto ambiental, como documentamos en este reportaje.
- Por esta razón la empresa fue denunciada por el Ministerio de Ambiente (MARN) en junio de 2021. Sin embargo, el MARN dejó pasar más de un año, hasta agosto de 2022, para multar a la empresa.
Eso pese a que el ministerio conocía el trabajo de construcción, la tala de árboles y los 1200 metros de tubería que la empresa ya había instalado hasta junio de 2021, y que esto era solo la mitad del proyecto.
Al tardar en sancionar, el MARN le dio tiempo a la empresa para avanzar en la obra. Y para colmo también le benefició de otra forma. En vez de ponerle una multa por Q25 mil tal y como establece la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, redujo la multa a Q5 mil.
- ¿La razón? Un mes después de haber sido multada la empresa, mientras Quorum investigaba el caso, Acuífero San Miguel presentó el estudio de impacto ambiental. El mismo que debió presentar antes de botar un solo árbol.
Curiosamente, la Municipalidad de Guatemala también esperó casi un año para actuar en el caso.
Ante las denuncias de las y los vecinos de Canalitos, el Juzgado de Asuntos Municipales ordenó en por lo menos cuatro ocasiones desde abril de 2021, que varias dependencias realizaran una inspección para verificar las denuncias.
La Dirección de Control Territorial cumplió hasta el 1 de marzo de 2022 solo para hacer referencia a la primera autorización ilegal de Álvaro Hugo Rodas, según el informe circunstanciado, al que Quorum tuvo acceso. No se pudo confirmar si Empagua cumplió con lo ordenado.
Nadie persigue la tala ilegal de árboles
La empresa no fue sancionada por la tala ilegal de árboles. El Ministerio de Ambiente señala que la responsabilidad de sancionar este delito recae en el Instituto Nacional de Bosques (Inab).
- El INAB, por su parte, aduce que devolvieron el expediente al MARN porque “a ellos les corresponde la obligación de poner la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. El Inab no cuenta con funciones de ente investigador, actuamos en esos casos a requerimiento del Ministerio Público”.
Nadie se hace responsable y mientras tanto la tala ilegal queda en la impunidad. Según el Ministerio Público, no existe ninguna denuncia en contra del Acuífero San Miguel S.A. o su representante legal, Mauricio José Fernando Estrada.
Marn no respondió a Quorum por qué tardó tanto tiempo en sancionar a la empresa y por qué la multa no incluye la infracción de la tala ilegal de árboles. El personal de comunicación social tampoco respondió a la solicitud de entrevista.
Sin permisos del Ministerio de Salud
Para distribuir agua potable en Guatemala se requiere una licencia sanitaria que garantice que el agua está en óptimas condiciones y no representa un riesgo para la salud.
- Pese a la preocupación del gerente de la Muni por la “salubridad” de las y los ciudadanos en Vista Hermosa IV, donde Acuífero San Miguel, S.A. vende el agua de Canalitos, nada garantiza la calidad.
- Verificamos y en el Ministerio de Salud (MSPAS) no existe un registro o una licencia sanitaria a nombre de Acuífero San Miguel S.A., o su representante legal Mauricio José Fernando Estrada Gonzalez, para la venta o distribución de agua potable.
Al cierre de esta nota, aún quedaba pendiente recibir la información completa para verificar si Acuífero San Miguel S.A. cuenta con el certificado de calidad de agua para consumo humano.
La falta de una Ley de Aguas en Guatemala, la débil institucionalidad y la inoperancia del Ministerio Público permiten este tipo de ilegalidades y conflictos alrededor del agua. Mientras comunidades enteras deben vivir sin el vital líquido, el Estado parece orientado en favorecer a las empresas que de forma ilegal lo están explotando.
