1. Una lucha de 16 años
La resistencia contra la minería en Asunción Mita, Jutiapa, comenzó en 2007. Las y los vecinos de ese municipio, ubicado a 150 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y con unos 54 mil pobladores, se organizaron cuando el gobierno del presidente guatemalteco Oscar Berger otorgó una licencia de explotación minera para extraer oro y plata de Cerro Blanco.
Pese a que desde ese año la empresa obtuvo los permisos mineros, hasta el día de hoy la explotación no ha empezado. La Ley de Minería, en el artículo 53, establece que, si en 12 meses una minera con licencia de explotación no inicia operaciones, su derecho minero caduca.
Pese a ello, cinco gobiernos ―Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado, Jimmy Morales, Alejandro Giammattei― hicieron ignoraron la ley y no cancelaron la licencia.
En 2021 se encendieron nuevamente las alarmas cuando la empresa solicitó cambiar la licencia, de la modalidad de minería subterránea a minería a cielo abierto. Eso llevó a la población a exigir una consulta para evitar daños ambientales que amenzan su acceso al agua, su salud y bienestar.
2. ¿Qué pasó con la consulta comunitaria?
La legislación guatemalteca y algunos tratados internacionales reconocen el derecho de los pueblos a decidir sobre aquellos proyectos que impactan en su comunidad. Ese derecho no aplica solo para comunidades indígenas.
El artículo 64 del Código Municipal, por ejemplo, establece que las y los vecinos tienen derecho a exigir una consulta municipal cuando consideren que un proyecto puede afectar a la comunidad.
“Nos amparamos en el Código Municipal y es vinculante porque las municipalidades tienen autonomía. Nosotros no íbamos a parar una mina solo así”, dice Maria del Carmen Cifuentes, lideresa de Asunción Mita, al referirse a la resistencia comunitaria y a la consulta municipal.
La consulta se llevó a cabo en septiembre de 2022 en Asunción Mita; participaron 8 mil 503 personas de las 30 mil 465 empadronadas.
El objetivo era decidir sobre el funcionamiento, o no, de la mina Cerro Blanco, un proyecto de la empresa Elevar Resources, subsidiaria de la empresa canadiense Bluestone Resources.
El resultado fue contundente. El 87.98% de los votos fueron en contra de la mina y solo el 10.63% a favor.
3. Si la comunidad dijo “no“, ¿por qué aún no cancelan la licencia minera?
Una semana antes de la consulta municipal, el 12 de septiembre de 2022, un extrabajador de la mina y vecino de Asunción Mita, Jutiapa, interpuso una acción legal ―amparo― en contra del borrador del reglamento de la consulta.
Un tribunal local resolvió a favor del extrabajador y dejó en suspenso el reglamento, pero no notificó a la comisión a cargo de realizar la consulta sino hasta cinco meses después de que se realizó el evento.
Para entonces ya se sabía que la comunidad había votado por no permitir la operación minera.
Esto es grave. Es como si en una elecciones presidenciales, cuando ya se conoce al ganador, se decide anular todo el proceso por un error de forma.
La empresa usó esta resolución para argumentar que la consulta no tenía validez.
Los vecinos y vecinas apelaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y meses después la máxima corte les dio la razón. Sin embargo, la empresa no se dio por vencida.
4. El papel del gobierno
Un día después de la votación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) rechazó la consulta. La institución, entonces a cargo del ministro Alberto Pimentel, respondió que el asunto no era “de competencia municipal, sino que correspondía al Gobierno Central”.
Eso, pese a que antes otros municipios usaron el derecho municipal de consulta para hacerse escuchar.
En 2012, lo hizo el municipio de Mataquescuintla, Jalapa y la Corte de Constitucionalidad respaldó esa consulta con una sentencia histórica. Entonces, los magistrados dijeron que los vecinos tenían derecho y autonomía para decidir sobre los proyectos en su municipio.
Además, la Corte aclaró que la potestad de otorgar una licencia minera sí pertenecía al gobierno central, pero que éste no podía limitar una consulta municipal.
Este antecedente guió a dos procesos similares en la cabecera departamental de Jalapa cuando 23 mil 152 personas rechazaron un proyecto minero. También en San Juan Tecuaco, Santa Rosa, donde el 98% de los votos fueron un “no” a la minería.
5. El presidente, como tercero interesado
Elevar Resources, la empresa minera, también intentó invalidar la consultá y a este esfuerzo se sumó el mismo presidente Alejandro Giammattei. El argumento del mandatario para favorecer a la mina se basó en que, supuestamente, hubo errores en el procedimiento con el que se realizó la consulta popular.
Sin embargo los abogados que auxilian a las comunidades señalan que esos supuestos errores estaban en el borrador y no en el reglamento final con el que finalmente se realizó la consulta municipal.
El reglamento final, aprobado por el Concejo Municipal, se publicó en el Diario de Centroamérica el 8 de agosto de 2022.
Aunque vecinos y vecinas ya presentaron su oposición a las acciones contra la consulta, la Corte de Constitucionalidad aún no resuelve la situación y mientras eso no pase el futuro de la mina seguirá siendo incierto.
No hay ninguna normativa legal que obligue a la máxima corte del país a resolver en un plazo definido por lo que esa sentencia podría demorar varios años. Mientras tanto las comunidades seguirán en la incertidumbre ante la posibilidad de que la mina inicie operaciones y siga poniendo en riesgo sus recursos naturales.
Este reportaje es parte de
Un trabajo de Quorum (Guatemala), Alharaca y MalaYerba (El Salvador).
Gracias al apoyo de Free Press Unlimited.
