Pasaron 278 días desde que Virginia Laparra, exfiscal Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, fue capturada. Durante este tiempo ha denunciado que la han tratado como una criminal de alto riesgo, pese a que se le acusa de un delito menor.
Mariajosé España
Las pocas veces que a Virginia Laparra se le permite tomar el sol, es cuando sale de la prisión de Matamoros para asistir a las audiencias programadas en la Torre de Tribunales. Uno de estos días fue el lunes 28 de noviembre, cuando inició el juicio en su contra.
La audiencia estaba programada para las 10 horas pero desde una hora antes Laparra ya estaba sentada, con grilletes en sus manos, en la sala del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, una de las salas más grandes que tiene el Organismo Judicial.
Laparra estaba sola. Sus abogadas aún no habían llegado. La acompañaban únicamente tres guardias del Sistema Penitenciario.
En el otro extremo estaba Ricardo Méndez Ruiz, representante legal de la Fundación contra el Terrorismo y querellante adhesivo en el caso contra Laparra.
A Méndez Ruiz es común verlo adherido a los casos contra exfiscales de la FECI y fue uno de los que denunció al juez Miguel Ángel Gálvez, cuando abrió un juicio a militares por el caso Diario Militar.
Ahí estaba él, en esa gran sala acercándose poco a poco a la mesa donde estaba sentada Laparra. Jaló una silla, se sentó y pretendió conversar amablemente con ella.
—Mire, usted es un instrumento de la izquierda—, le dijo Méndez Ruíz.
—¿Entonces usted es un instrumento de la extrema derecha?—, le preguntó Laparra.
Méndez Ruiz titubeó. Empezó a llegar la prensa y decidió regresar a su lugar.
A la exfiscal de la FECI la acompañó siempre una maleta roja donde guarda unos siete folios que tiene marcados con diferentes colores. Es un expediente bastante extenso para el único delito que se le sindica: abuso de autoridad.
De ser declarada culpable, la pena es de 2 a 6 años de cárcel. Pero la jueza a cargo, Oly González, decidió agregarle las palabras “de forma continuada” para que pueda permanecer en prisión hasta por 9 años.
Según la acusación, Laparra se extralimitó en sus funciones cuando denunció cuatro veces al juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango (hoy Relator Contra la Tortura), Lesther Castellanos, por filtrar información de un caso bajo reserva.
Los testigos sobre la mesa
La Fiscalía quiso suspender el inicio del debate debido a que Omar Barrios, querellante adhesivo, no está en el país.
Barrios también es presidente de la Comisión Portuaria Nacional y se encuentra de viaje en Brasil, según explicó el fiscal. Por eso pidió que el inicio del juicio se suspenda hasta que él regrese. Pero la jueza rechazó esta solicitud.
- Barrios es la persona a la que supuestamente le filtró información Lesther Castellanos cuando era juez. Por eso es querellante adhesivo.
Para probar que Laparra cometió abuso de autoridad, la fiscalía prepara a tres testigos que son trabajadores de la Dirección de Investigación Criminal y a un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que confirme que las firmas de Laparra no fueron falsificadas.
La defensa tiene un único testigo y se trata del exfiscal Juan Francisco Sandoval, que deberá rendir declaración en el Consulado de Guatemala en Washington, Disrtito de Columbia.
La presencia del ex fiscal Sandoval en el juicio fue uno de los temas de discusión, ya que el MP y los querellantes exigían que la declaración fuera en Guatemala. El objetivo parecía no ser otro que obligarlo a regresar al país.
Por eso, la defensa de Laparra pidió que se le escuche por videoconferencia y aunque solicitó que fuera en un territorio neutro, la jueza ordenó que se hiciera en el Consulado guatemalteco.
La abogada Claudia González, defensora de Laparra, asegura que no hay ningún fundamento para capturar a Sandoval en el Consulado.
El testimonio de Sandoval está programado para que se dé dentro de las próximas tres semanas.
No es casualidad que sea ahora
Laparra puso la denuncia contra Castellanos en 2018. La Fiscalía de Delitos Administrativos desestimó en su momento la denuncia por no existir delito, pero pasaron cuatro años y el contexto político y judicial cambió.
Durante la gestión de Consuelo Porras se reactivó la denuncia y en febrero de este 2022, Laparra se sumó a la larga lista de personas que trabajaron contra la impunidad y que ahora son perseguidas por el Estado.
Pero a diferencia de muchas de la mayoría de estas personas, Laparra se quedó en el país y ahora es la primera exfiscal que logran enviar a tribunales, en un juicio que se espera no dure más de un mes.
“Si la pregunta es porqué yo soy la primera fiscal (en ir a juicio), porque muchos otros funcionarios se vieron obligados a abandonar el país, como lo ha hecho el último, el juez Gálvez”, dijo Laparra al salir de su primer día de juicio.
