Cuatro años de recolectar pruebas, exigir una investigación de calidad y soportar amenazas parecían llegar a su fin el 3 de junio de 2024. Finalmente, un juzgado emitiría una sentencia que le daría justicia a Marisol*. Esa era la esperanza pero sucedió todo lo contrario. El hombre que la agredió sexualmente en el campus de la Universidad de San Carlos fue absuelto de todo delito.
El final definitivo de esta historia aún no está escrito. Marisol y su familia todavía pueden usar las últimas armas legales para revertir la decisión del juzgado. Pero el inicio de este recorrido para hacer justicia sí tiene una fecha: 25 de enero de 2020.
Marisol, de 19 años en aquel entonces, y otra compañera de 21 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, fueron a un ritual de iniciación para integrarse al “Honorable Comité de Huelga” de la USAC. Pasado el mediodía de ese sábado, ambas cayeron inconscientes. Así fueron llevadas al Hospital General San Juan de Dios.
El dolor en el cuerpo y los recuerdos que Marisol recuperó al despertar apuntaban a que había sido víctima de violencia sexual en el baño del edificio T1. Dos denuncias fueron presentadas ese mismo día en el Ministerio Público (MP), una por cada joven. Solo la de Marisol avanzó; la de su compañera fue desestimada en 2022.
Mantener vivo este caso ha requerido esfuerzos extraordinarios por parte de la familia de Marisol. El recorrido muestra cómo es ser víctima de violencia sexual en un sistema que le falla a las personas afectadas desde que llegan al hospital; y cómo, a cuatro años del suceso, la USAC sigue ignorando la violencia sexual que ocurre en sus instalaciones.
Un caso estancado en la Universidad y en la fiscalía
Antonio Urizar Melgar no fue el único implicado en el ritual huelguero de 2020. El Consejo Superior Universitario (CSU) de aquel entonces, bajo la rectoría de Murphy Paiz, identificó a 15 estudiantes que participaron en las actividades donde Marisol y su compañera fueron agraviadas. A Urizar Melgar lo identificaron como estudiante de Derecho.
Las autoridades universitarias tuvieron acceso a fotos y videos del campus central. A partir del material se determinó que ambas jóvenes ingresaron a un salón del edificio T1. Allí se les hizo un examen sobre sus conocimientos de la Huelga de Dolores. Por cada respuesta equivocada, tendrían que tomar un trago de alcohol.
A la 1:01 de la tarde Marisol y uno de los huelgueros subieron al segundo nivel del edificio y 26 minutos después fue bajada del segundo nivel por dos sujetos. Les acompañaba el mismo hombre con el que subió. Todo eso consta en actas del CSU.
- El 19 de febrero de 2020, el CSU autorizó el inicio de un proceso disciplinario para las 15 personas involucradas, incluyendo a Urizar Melgar. Hasta hoy, no hay avances en el proceso. Todo el caso pasó a ser un asunto a cargo de la Fiscalía de la Mujer del MP y el Tribunal Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer.
- Cuando Marisol inició su proceso legal, jamás pensó que le tomaría cuatro años para que una jueza dictara una sentencia. Los obstáculos estuvieron presentes desde que llegó con su compañera al hospital y el personal se resistió a tratarlas “por ser de la USAC” y “seguramente estar borrachas”. Así lo recuerdan con indignación los padres de Marisol.
Las jóvenes recobraron la conciencia cerca de las 11:00 de la noche y el Ministerio Público llegó en la madrugada a tomarles las declaraciones sobre los hechos. Ellas seguían somnolientas y no podían relatar a detalle su testimonio.
El padre de Marisol estaba consciente de este último detalle y por eso exigió al Ministerio Público que las jóvenes pudieran ampliar sus declaraciones. Así sucedió, pero siete meses después. El 26 de agosto de 2020, Marisol y su compañera contaron con mayor detalle todo lo que pasó en aquel edificio universitario.
Meses de espera que se volvieron años
Muchas cosas cambiaron para Marisol desde el 2020. Comenzó a estudiar otra carrera y en uno de sus cursos aprendió sobre los procesos adecuados para recolectar las pruebas de un crimen. La diferencia entre lo aprendido en las aulas y la realidad era abismal.
Recuerda una lección en específico: La inspección ocular —donde se examina la escena del crimen y se recogen posibles pruebas— es una de las primeras actividades que deben realizarse al investigar si se cometió un delito.
El MP hizo esa inspección hasta el 2022 —dos años después—. Además, Marisol tuvo que regresar al baño donde fue agredida, para volver a revivir y contar todo.
De todos modos, el caso comenzaba a avanzar. Antonio Urizar Melgar fue detenido en mayo de 2022. En sus declaraciones reconoció que era parte de uno de los comités de huelga de la USAC.
La jueza lo ligó a proceso penal por el delito de violación sexual agravada y ordenó que guardara prisión preventiva en la cárcel para hombres de la zona 18. Solo salía del centro preventivo para presentarse a las audiencias. La mayoría fueron virtuales —hasta hoy, la familia de Marisol no entiende por qué—.
Fue un juicio silencioso, que pasó casi desapercibido desde que se reanudó en 2023. Ni medios de comunicación ni organizaciones sociales tenían permitido ingresar a las audiencias. De acuerdo con la familia de Marisol, al menos cinco audiencias fueron reprogramadas debido a cambios o inconvenientes por parte del equipo del acusado.
Un MP que solo actúa si se le presiona
Fueron meses de espera por una sentencia, pero no fueron meses para nada tranquilos. Los padres de Marisol no podían dejar todo en manos del Ministerio Público, así que solicitaron videos, audios, fotografías, exámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), documentos de la USAC, fragmentos de citaciones a las autoridades universitarias en el Congreso y más.
No solo eso, también llamaban constantemente a la fiscalía para asegurarse de que la investigación no quedara estancada por más tiempo. “No es que el MP no trabaje. Sí lo hace, pero solo cuando se les hace presión. De lo contrario, botan el caso”, expresaron.
Para la familia, ese no fue el único problema. Hasta hoy, Marisol describe al Ministerio Público como una institución que solo ve sus casos como estadísticas y que carece de empatía con las víctimas.
Por otro lado, los padres de la joven no pueden evitar ver con extrañeza que la investigación solo se limitó al hombre acusado de violación.
- El MP también tenía la capacidad de investigar a las autoridades universitarias y a las estructuras criminales de la USAC que se esconden debajo de la capucha, pero simplemente decidió no hacerlo.
La última oportunidad para obtener justicia
La rutina de la familia de Marisol ha cambiado mucho desde el 2020. Su padre es abogado. Hace cuatro años solía ir todos los días a su oficina para atender a sus clientes. Ya no es así desde que personas desconocidas comenzaron a llegar al lugar preguntando por él. Ahora prefiere trabajar desde su hogar.
Marisol y su mamá solían ir de compras y tomarse unos minutos para ver la ropa o los artículos en las vitrinas de las tiendas. En cambio ahora, prefieren realizar los mandados lo antes posible para poder volver a estar a salvo en su casa.
Para ellas, la calle se volvió un lugar donde pueden ser acosadas, perseguidas o violentadas. Ya ha pasado. La madre de Marisol recuerda una experiencia específica:
“Íbamos a pie a la oficina de mi esposo. Un sujeto vestido con estilo militar nos comenzó a seguir. Nos dimos cuenta y nos metimos a una tienda de la 19 calle —de la zona 1—. Estuvimos media hora y cuando hubo más gente pedimos un taxi y nos fuimos”.
Todos esos eventos frecuentes parecían llegar a su fin el 3 de junio de 2024. Ese día se llevó a cabo la última audiencia, donde la jueza por fin dictaría una sentencia. Esa audiencia sí fue presencial, pero la prensa no pudo entrar.
El resultado no fue el esperado. Según los padres de Marisol, la jueza Claudia Elvira González dijo que la investigación del MP fue deficiente. Tampoco se valoró el total de las pruebas científicas ni el testimonio de Marisol. Todo eso influyó en que la jueza absolviera de todos los delitos a Antonio Urizar Melgar.
Pero una vez más, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Marisol y su familia apelarán la decisión de la jueza, señalando todos los errores y vicios en la sentencia.
Para ellos, no solo se trata de una lucha por la justicia de su hija, sino también una oportunidad para que, por primera vez, un caso de violencia sexual en la USAC no quede impune.
“Es una sentencia que no solo abarca la situación de mi hija, sino toda la situación institucional de la USAC. Esta sentencia absolutoria envía un mensaje a esas estructuras. Básicamente les dice que pueden seguir usando la capucha para abusar de estudiantes porque nunca habrá consecuencias”, dijo el padre y abogado de Marisol.
Lo que sigue: La familia fue notificada el 11 de junio sobre la sentencia. A partir de esa fecha, la familia cuenta con 10 días hábiles para poder apelar la decisión de la jueza ante una sala. El padre de Marisol es optimista en que podrán obtener una sentencia más justa.
