Cuando hablamos de guardabosques imaginamos a un tipo, vestido con botas y sombrero, que camina tranquilamente entre árboles para luego regresar a su cabaña. La realidad es otra y sobre todo en países como Guatemala.
Nico* es guardabosques en la reserva natural de Río Azul, ubicada al norte de la Biósfera Maya, en Petén. Su misión es proteger el mayor bosque tropical de Centroamérica que además es el hábitat de jaguares, venados de cola blanca, tapires y pumas.
¿Y de quién les protege? Las amenazas son de todo tipo. Desde cazadores y traficantes de flora y fauna, pasando por saqueadores de vestigios mayas y leñadores ilegales hasta narcotraficantes que provocan incendios para construir pistas para el descargue de droga.
Un trabajo de alto riesgo por el que Nico recibe un salario que apenas supera el mínimo permitido legalmente. Su paga es de Q3,634 mensuales equivalentes a US$466.
Además de los riesgos, los guardabosques enfrentan otra dificultad. Son tan pocos y les toca cuidar áreas tan extensas que eso les implica largas jornadas de patrullaje y les hace imposible proteger a cabalidad la zona.
Nico explica que en Río Azul en la actualidad hay apenas 20 guardabosques. Pero entre 2021 y 2022 tuvieron sólo 15. Esos números están muy por debajo de la cantidad necesaria para cuidar de esa reserva natural, que mide 117 mil hectáreas, equivalentes a 183 mil canchas de fútbol. El guardabosques cree que deberían ser por lo menos 35 y un plan elaborado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) dice que deberían ser 25.
Pero la reducción de guardabosques no afectó solamente a la reserva natural de Río Azul. Entre 2020 y 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se redujo la cantidad de guardabosques a números que no se tenían desde hace nueve años.
De tener 546 guardabosques en el último año de presidencia de Jimmy Morales, se pasó a tener 428 en el último de Alejandro Giammattei. 118 menos. Es decir, que se perdió a 1 de cada 5 guardabosques de todo el país.
Otro ejemplo que evidencia lo alarmante de esa cifra, es que el último año de gobierno de Álvaro Colom tuvo más guardabosques que el de Giammattei.
En Petén, el departamento en el que trabaja Nico, se perdieron a 45 guardabosques en 2021, el segundo año de gobierno de Giammattei.
Nico lamenta la salida de sus compañeros, sobre todo porque ocurrió en medio del incremento de grupos armados que talan árboles preciados en la selva petenera. “Nunca habíamos tenido problemas tan fuertes. Fue alrededor del 2019 que empezamos a ver más”, dice.
De la democracia naciente a la deriva autoritaria
El Conap, la institución para la que trabajan los guardabosques, se creó siete años antes de que finalizara la guerra en Guatemala, en 1989, durante el primer gobierno democrático tras más de 3 décadas de dictaduras militares.
Su fin es cuidar la fauna y la flora silvestre de territorios que son considerados vitales por su importancia histórica, cultural y natural.
Junto con la creación del Conap, las primeras leyes ambientales y la creación misma de la Reserva de la Biósfera Maya son fruto de esos primeros aires democráticos. Sin embargo, el impulso de conservación no duró mucho y Guatemala se quedó atrás en comparación con el gran referente de la región: Costa Rica.
En Guatemala hay un total de 348 áreas protegidas. Entre esas están Tikal, Yaxhá, el volcán de Acatenango, Semuc Champey y el lago Atitlán. Todas esos lugares ocupan un total de 4.2 millones de hectáreas —3.2 millones son solo de Petén—.
La extensión de áreas protegidas en Guatemala es mayor a la de Costa Rica, que cuenta con 3.3 millones de hectáreas. Pese a eso, Guatemala invierte mucho menos en su protección.
En Costa Rica hay un guardabosques por cada 6 mil hectáreas de área protegida mientras que en Guatemala, en los años de Giammattei, había uno por cada 10 mil hectáreas.
Mientras que Costa Rica asignó en 2022 un presupuesto equivalente a Q455 millones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Guatemala aprobó ese mismo año un presupuesto de Q118 millones. En otras palabras Costa Rica invierte casi cuatro veces más que Guatemala en la protección de sus reservas naturales.
Aun así, ese presupuesto de 2022 no fue el más bajo de los últimos años. La inversión más baja ocurrió en 2016, durante el gobierno Jimmy Morales, cuando al Conap le fueron asignados apenas Q105 millones. La institución volvió a sufrir un nuevo recorte durante tres de los cuatro años de gobierno de Giammattei cuando su presupuesto no sobrepasó los Q120 millones. La baja concuerda con los años en que despidieron a los guardabosques.
Los años de gobierno de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, estuvieron marcados por un giro hacia el autoritarismo y por priorizar la persecución contra los jueces y fiscales que años atrás tuvieron en sus manos los grandes casos de corrupción contra políticos, empresarios, militares y criminales.
El mismo año en que el gobierno de Giammattei recortaba guardabosques y reducía el presupuesto del Conap, también se pagaban Q461 mil mensuales a un bufete internacional para perseguir a las personas exiliadas en Estados Unidos.
Esos Q461 mil mensuales pagados en perseguir opositores habrían alcanzado para costear el salario de 126 guardabosques.
A la guerra pero sin recursos
Los guardabosques algunas veces saben cuando un área está a punto de ser arrasada. Un día los árboles aparecen marcados y poco tiempo después empiezan o se provocan incendios o la zona aparece talada.
Aunque lo saben, no pueden hacer mucho para proteger la riqueza natural. En algunos operativos específicos los acompaña el Ejército o la Policía Nacional Civil, pero en general no hay ni personal ni recursos suficientes para asegurar la protección de estas áreas.
En Petén, algunos de los traficantes, a los que se han enfrentado los guardabosques, buscan principalmente el granadillo, una madera en peligro de extinción y que es codiciada para construir muebles, yates y casas de lujo. En la búsqueda de esa especie incluso han amenazado de muerte a los guardabosques.
En la zona son constantes los reportes de amenazas con arma de fuego o disparos contra algunos. Los registros de agresiones y ataques también señalan casos de secuestro y en varios de esos casos las propias familias han tenido que costear el pago de rescate que exigen los grupos armados.
Lo sabe bien Juan José Romero. Él es encargado de dos biotopos en Petén y trabaja para el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. “A los guarda recursos hoy todavía nos ven como niños exploradores, pero a nosotros nos toca enfrentarnos a grupos armados, narcotráfico, invasores”, dice.
Juan José explica que los guardabosques que trabajan en el CECON y el Conap —por ley— no cuentan con armas de fuego para defenderse o intimidar a los grupos armados. “A nosotros nos toca comunicarnos con las fuerzas de seguridad para que actúen”, afirma.
Para poder pedir apoyo a la Policía Nacional Civil o al ejército, los guardabosques deben regresar a una zona segura y esperar a que se movilicen. Eso puede durar más de un día y la mayoría de veces, cuando la ayuda por fin llega, los traficantes ya han huído.
El Conap, luego de la incursión de estos grupos en 2019, se vio obligado a darles chalecos antibalas aunque no alcanzaron para todos. Actualmente, según los guardabosques consultados, aproximadamente solo quedan entre 8 y 10 chalecos antibalas que todavía sirven.
Un informe de la Universidad de Texas señalaba que en 2020 el narcotráfico era el principal responsable de la deforestación de la Biósfera Maya. En su mayoría esa “narco-deforestación” no solo busca depredar la zona sino abrir espacio para la cría de ganado (operación que les permite lavar dinero) o para la construcción de caminos y pistas para el contrabando de cocaína.
En ese sentido la reducción de guardabosques durante el gobierno de Giammattei también implicó reducir la protección de esas zonas tan apetecidas por los carteles.
Ni botas, ni antídotos, mucho menos vehículos
En la selva petenera, los guardabosques no solo deben tener cuidado de los humanos, sino también de las serpientes, incluso frente a ese riesgo están desprotegidos.
“Por ahora tenemos un antídoto por campamento. Es algo que nunca será suficiente. Las picaduras de serpientes y solo nos dan más, una vez al año”, dice uno de los guardabosques.
Entre 2015 y 2020, Conap-Petén realizó la compra de 154 antídotos contra serpientes. El suero adquirido se llama polivalente y tiene un plazo de vida de entre 3 a 5 años. Pero durante los siguientes años, durante el gobierno de Giammattei (2021 y 2022), la institución no hizo ninguna compra. El resultado es que algunos guardabosques han tenido que ser rescatados en helicóptero y sus vidas han estado en riesgo por no tener a mano, un antídoto de primera necesidad debido a las condiciones de su trabajo.
En medio de esas carencias los guardabosques de Petén son conscientes de que su situación, a pesar de todo, es mucho mejor que la de otros colegas. Ellos cuentan con cuatrimotos, motocicletas, teléfonos, localizador gps, mochilas, pantalones y linternas pero en otras protegidas las carencias son más graves.
En Quiché y Huehuetenango, de los seis guardabosques que hay, cuatro tienen sus botas en mal estado, según los inventarios de Conap.
En la playa Hawaii, en Santa Rosa, solo hay dos guardarecursos. Uno se mueve en su propia motocicleta y el otro en su bicicleta. Según información de Conap, el único equipo que les fue entregado son machetes, azadones, rastrillos y palas.
Antes contaban con dos cayucos, pero los dos se volvieron inservibles, así como todas las limas que tenían para sacarle filo a sus machetes. Así lo deja ver un documento proporcionado por la institución. Ahora, para poder patrullar los humedales, deben hacer uso de dos lanchas de ARCAS, un centro de rescate de animales silvestres que funciona en Ciudad de Guatemala, Santa Rosa y Petén.
“En ARCAS comprendemos que el Conap posee recursos limitados para proteger las áreas y por lo tanto, en el marco de nuestro acuerdo de co-administración en el Área de Usos Múltiples Hawaii, tomamos la responsabilidad de organizar patrullajes y proveer las herramientas necesarias para que nuestros guardarecursos junto con los que provee el Conap puedan trabajar de manera eficiente”, dice Manuel Farfán, director de la organización.
Así sucede en muchas áreas supuestamente protegidas por el Estado y cuyo resguardo termina dependiendo de ONGs que operan gracias a fondos de ayuda internacionales
“Acá uno mismo, con su sueldo, paga su gasolina. Ni siquiera tenemos como fotocopiar. No tenemos nada de nada. Pasamos tres años sin uniformes nuevos y una vez nos mandaron zapatos que de seguro habían pasado mucho tiempo en bodega, porque como a los tres meses ya se habían despegado”, dice uno de los guardabosques consultados.
La “primavera democrática” aún no llega las áreas protegidas
Actualmente el Conap tiene como secretario ejecutivo a Igor de la Roca, exviceministro de Medio Ambiente. Al igual que ha pasado en todas las instituciones del Estado, los cambios no han sido tan rápidos bajo el gobierno de Bernardo Arévalo.
El 9 de febrero, pocas semanas después de asumir el cargo, De la Roca, informó que Conap necesita una ampliación presupuestaria de Q26 millones. Solo en Petén se necesitan Q2 millones en equipo y protección para los guardabosques.
Para este reportaje buscamos conversar con las nuevas autoridades sobre la situación que encontraron y los cambios que esperan impulsar pero dos meses después lo único que entregaron fue una carta del departamento de comunicación envió algunas respuestas escuetas.
Afirma que legalmente no pueden decir que los guardabosques fueron “despedidos” durante el gobierno de Giammattei y que en la mayoría de casos se trató de renuncias o jubilaciones. Sin embargo, eso es falso. Según oficios entregados a Quorum, a la mayoría se le finalizó el contrato, es decir que los despidieron.
Hasta el momento el Conap, según las autoridades, sólo ha requerido al Ministerio de Finanzas una ampliación por Q13 millones orientada sobre todo a combatir incendios. Frente al silencio de las nuevas autoridades aún no se sabe cuál podría ser el futuro de las reservas naturales y de sus guardabosques durante el nuevo gobierno.
Patricia Orantes, la ministra de Ambiente y presidenta del Conap desde el espacio consultivo, afirma que como nuevo gobierno tienen “compromiso por empezar a recuperar la institucionalidad pública”.
¿Cómo lo harán? No da más detalles. “En el caso específico del CONAP y los guardabosques, recomendaré al secretario (Igor de la Roca) revisar su situación actual y empezar a fortalecer”, dice la ministra.
Quizás la primavera democrática no alcance a los guardabosques.
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