Es viernes por la tarde. Faltan 22 días para Navidad y la toga negra se queda colgando en el armario en espera del regreso de la jueza Claudette Domínguez Guerrero.
Fue una semana larga. Domínguez podría decir que cumplió con su trabajo antes de irse de vacaciones. En su última resolución favoreció a Alejandro Sinibaldi por el caso Cooptación del Estado permitiéndole el arresto domiciliario en vez de permanecer en prisión. Esto, pese a que Sinibaldi estuvo prófugo por cuatro años.
Este no era un caso que estaba a cargo de su judicatura, el Juzgado de Mayor Riesgo A, pero la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez llevó a que la carpeta del caso contra Sinibaldi cayera en manos de Domínguez. Hoy, su juzgado, parece ser el preferido por quienes aún tienen cuentas pendientes con la justicia.
El juzgado A y su largo historial
El juzgado A de Mayor Riesgo se creó en el 2009 y quien estaba de titular era Carol Patricia Flores.
- Flores conoció el caso Pavón y fue quien dictó el cierre de la persecución penal de Alejandro Giammattei, entonces director del Sistema Penitenciario y ahora presidente. Una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comprobó que Flores se estaba enriqueciendo ilícitamente. Tenía una lujosa mansión en Santa Catarina Pinula que no correspondía a sus ingresos como jueza y fue separada del cargo.
Para entonces, Claudette Domínguez cubría el Juzgado de Turno de Villa Nueva y tras la salida de Flores, la Corte Suprema de Justicia la designó como titular de ese juzgado.
Desde 2016, Domínguez se ha hecho cargo de casos sobre corrupción y delitos de lesa humanidad. En seis años a cargo del juzgado ha recibido 17 denuncias en la Junta de Disciplina Judicial y en varias ocasiones ha sido señalada por sus nexos con militares.
La defensora de derechos humanos y columnista Iduvina Hernández, menciona en su artículo Los lazos de la togada, que la hermana de la jueza, Kleila Xiomara trabaja en el Ministerio de la Defensa y sus tíos José Rodolfo y Manuel Javier Guerrero Barato ingresaron a la Policía Nacional en 1975, cuando la institución participaba en las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Hernández señala estos datos como una explicación a las resoluciones que ha dictado Domínguez a favor de militares.
Las resoluciones hablan por sí solas, explica Jovita Tzul, abogada del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que ha llevado casos en el juzgado de Domínguez.
- En el 2017 le quitó el arraigo a Edgar Ovalle, militar vinculado al Caso CREOMPAZ y acusado de desaparición forzada. Desde entonces Ovalle está prófugo.
- En 2018 le quitó la orden de captura al comandante Erick Melgar Padilla, quien es acusado de estar involucrado en el asesinato de su padre. Una sala de apelación la separó del caso por esto.
- En 2019 otorgó arresto domiciliario a nueve militares por el asesinato de 6 campesinos en la cumbre Alaska, aunque por estos delitos los acusados no podían optar a este beneficio.
- En 2019 le otorgó una fianza de Q1 millón a Carlos Vielmann, exministro de Gobernación señalado de ejecuciones extrajudiciales.
- En 2021 concedió medidas sustitutivas a los diputados Arístides Crespo, Luis Rabbé, Cristhian Boussinot y Luis Mijangos por el caso Plazas Fantasmas.
El doble estándar de Domínguez
Pareciera que la jueza Domínguez privilegia las medidas sustitutivas antes que la prisión preventiva, pero esto no es en todos los casos.
“Hay un patrón en generar este tipo de beneficios, caso contrario cuando se trata de personas que han sido criminalizadas por la defensa del territorio. En esos casos ella jamás ha permitido que las personas recuperen su libertad a pesar que los delitos por los que se les acusan son excarcelables”, explica la abogada Jovita Tzul.
Tzul se refiere a Abelino Chub Caal, detenido por usurpación, y a siete activistas de Huehuetenango acusados por detenciones ilegales. Estos delitos sí permitían medida sustitutiva.
La jueza Claudette Domínguez también conoció el caso de las mujeres Achí, que fueron abusadas sexualmente por patrulleros de autodefensa civil. Como en los casos anteriores, dejó en libertad a los seis acusados y ordenó que se dejara de perseguir a tres de ellos.
“A las mujeres víctimas les hizo preguntas relacionadas a si el MP les había obligado a declarar o si les habían pagado para declarar en contra de ellos. Esto les ofendió bastante a ellas, nosotras queríamos una jueza que las escuchara y que no las cuestionara”, comenta la abogada defensora de ese caso, Lucía Xiloj.
Xiloj recuerda que una sala de apelación separó del caso a Domínguez al establecer que se había sobrepasado en sus funciones como jueza.
La carpeta de ese caso pasó al juzgado de Miguel Ángel Gálvez, donde las mujeres Achí obtuvieron justicia en 2021.
Un destino conveniente
Claudette Domínguez es conocida por hablar poco o nada con los medios de comunicación y es la única jueza de mayor riesgo que ha sido protegida por la Corte Suprema de Justicia.
- A diferencia de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo C, que tuvo que someterse a un engorroso proceso de retiro de antejuicio por sus resoluciones en el caso Odebrecht, antes de salir al exilio.
- A diferencia también de Miguel Ángel Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo B, que anunció su renuncia después de haber sido denunciado por la Fundación contra el Terrorismo. Gálvez exigió un pronunciamiento de la CSJ, pero solo obtuvo silencio.
Con Claudette Domínguez fue distinto. El Ministerio Público solicitó el retiro del antejuicio por supuestas irregularidades en la aprobación de los convenios en el caso Odebrecht, pero la CSJ decidió no darle trámite. Esto fue en agosto de 2022.
Juan Francisco Sandoval, exfiscal del MP que ahora vive en el exilio, cree que las últimas resoluciones de Domínguez responden a que fue protegida por la corte.
“Lo que me llama la atención es el caso Odebrecht. Primero el MP dice que nos aprovechamos de su buena fé y después la protegen. Ahora los jueces están presionados, tienen miedo y siento que ella se acomodó”, comenta.
Con la salida de Miguel Ángel Gálvez, Domínguez conoció dos de los casos que estaban a su cargo: el Diario Militar y Cooptación del Estado.
Así fue como concedió las peticiones de medidas sustitutivas de Toribio Acevedo, acusado de desaparición forzada; y la de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. Con este último aún le queda pendiente pedir arresto domiciliario por los casos Odebrecht y Transurbano.
En su última semana antes de salir de vacaciones, Domínguez se despidió con buenos augurios para Sandra Torres al ordenar el cierre de la persecución penal en su contra, dándole vía libre para participar en el proceso electoral de 2023.
