Este reportaje fue realizado gracias a la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation.
Entre Ríos es una aldea que está ubicada en uno de los 10 municipios más violentos del país, en Puerto Barrios, Izabal.
Las noticias que hablan de Entre Ríos suelen estar relacionadas con la detención de migrantes o con la violencia homicida. Entre estos asesinatos, están los de Luisa y Luis Fernando.
Eran amigos, ambas personas LGBTIQ+ y aunque sus asesinatos están conectados entre sí, el Ministerio Público no los está investigando de esa forma.
La última vez que vieron a Luisa
La tarde del jueves 27 de febrero de 2020, Luisa estaba en el salón de belleza de Luis Fernando, cuando alguien la llegó a recoger en una motocicleta. Esa fue la última imagen que se tiene de ella con vida y fue grabada por una de las cámaras de seguridad que había en el sector.
No volvió a contestar llamadas. Sus amigos comenzaron la búsqueda pero lo primero que encontraron fue la negativa del Estado a ayudarles. La alerta Isabel-Claudina es el mecanismo creado para iniciar la pronta búsqueda de mujeres desaparecidas pero en el caso de Luisa, las autoridades se negaron a reconocerla como mujer y no activaron el mecanismo.
Paula Barrios, abogada de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización que litiga el caso de Luisa, explica que ellas luchan para que las autoridades reconozcan que las mujeres trans también son mujeres y que así se activen las alertas.
Por eso, en muchas ocasiones, cuando una mujer trans desaparece, sus familiares y amistades no denuncian ante las autoridades. Como resultado se pone en riesgo la vida de las víctimas y disminuyen las posibilidades de rescatarles con vida.
La única activación de una alerta Isabel-Claudina por la desaparición de una mujer transexual es de Jimena Valeria Sanik, más conocida como La China, que desapareció el 1 de mayo del mismo año. Jimena aún no ha aparecido.
La oficina legal de la organización de mujeres trans Reinas de la Noche explicó que en el caso de Jimena ayudó que tuviera un hermano que la estaba buscando para lograr que la alerta se activara.
“Muchas de las mujeres trans viven en contexto de calle o viven solas, ellas pierden el vínculo con su familia. En el caso de la China tenía a su hermano que logró activar la alerta”, explicó la abogada Iris Barillas.
En el caso de Luisa no hubo una denuncia por su desaparición. A tres días de no saber de ella encontraron su cuerpo dentro de una finca y en condiciones deplorables. Tenía signos de extrema violencia y abuso sexual.
Han pasado 32 meses desde su asesinato y pese a la brutal violencia de la que fue víctima, el caso no ha avanzado. La muerte de Luisa se está olvidando entre los expedientes de las autoridades que ni siquiera reconocen su nombre y su identidad.
Malos registros
Luis Fernando Reyes era conocido en Entre Ríos porque a sus 26 años era propietario de un salón de belleza y barbería desde donde atendía a varias personas de la comunidad LGBTIQ+.
Además, tres años antes su hermana, Karla Reyes, fue asesinada. El único caso de homicidio de una mujer trans que ha logrado sentencia en el país.
Según asegura la Agencia Presentes, con el antecedente de su hermana, Luis decidió colaborar con las autoridades para esclarecer el caso de Luisa, ya que él había sido la última persona que la vio con vida.
Un mes después que apareció el cuerpo de Luisa, el 1 de abril, Luis estaba atendiendo a los primeros clientes del día cuando una persona entró al negocio y le disparó ocho veces. Falleció en el piso del salón.
A pesar que el MP fue la primera institución de justicia en Guatemala que empezó a registrar en las denuncias la orientación sexual e identidad de género de las víctimas, lo hace de una forma incorrecta, confundiendo términos que pueden afectar el curso de las investigaciones.
En el año en que Luisa fue asesinada, el MP registró 10 homicidios contra personas de la diversidad sexual. Sin embargo, el monitoreo que hace la organización Lambda cuenta 19 asesinatos.
Es decir, hay nueve muertes violentas de la población LGBTIQ+ que están pasando desapercibidas para el ente encargado de la investigación penal.
La muerte de Luisa sí está documentada, pero se registró como el homicidio de un hombre trans de 28 años, cuando en realidad se trata de una mujer trans de 24 años.
Un hombre trans es aquella persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer, pero su identidad de género es masculina. Con las mujeres trans pasa a la inversa, son aquellas personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer pero transicionó al género femenino.
Los registros del MP son tan deficientes que ni siquiera han procurado usar los términos correctos. No solo es una falta de respeto a las víctimas sino que demuestra el desinterés por enfrentar la violencia contra las personas LGBTIQ+.
Las justificaciones que no son suficientes
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tampoco registró su necropsia como la de una mujer trans porque, según argumentan, sólo registran la identidad de género y orientación sexual de la víctima cuando se trata de evaluaciones médicas y psicológicas. Con las necropsias no lo hacen, aunque las muertes violentas de mujeres trans aumentan cada año. Solo en el 2020 siete fueron asesinadas. De las 20 personas LGBTIQ+ que fueron asesinadas ese año, siete vivían en Izabal.
Este es uno de los principales reclamos que hacen organizaciones al Inacif, pero José Galdámez, jefe de Tanatología del Inacif, explica que ellos respetan cómo se autopercibe cada persona.
“En un cadáver, el problema es que yo no puedo arrogarme el derecho a decidir a qué grupo pertenece”, dice y empieza a ejemplificar sus obstáculos con un caso hipotético de la Huelga de Dolores.
“Pongamos un ejemplo. Un accidente en la Huelga de Dolores donde hay cien hombres vestidos con ropa de mujer, no son travestis, aunque van en ese momento travestidos, pero ellos tal vez no son miembros de la comunidad LGBTIQ+” dice.
Para Diego Lima de Lambda esto no es suficiente justificación para no contar las muertes de personas trans, ya que se pueden tomar como elementos otras características como implantes, operaciones y un examen de sangre post mortem para saber si el cuerpo había pasado por un proceso hormonal.
“El Inacif se limita muchísimo en su trabajo y en el rol que tiene en los procesos legales, le falta mucho registro y profundizar en sus análisis. Es vital registrar las necropsias por identidad de género”, dice por su parte Paula Barrios de MTM.
Contar, desde los registros, las muertes de las mujeres trans es necesario, dicen Lima y Barrios, para demostrar el odio y la misoginia que hay en sus asesinatos. Por eso también piden que sean investigados en primera instancia como femicidios para descartar que su muerte no haya sido motivada por su identificación como mujer.
Patricia Vargas, jurista en derecho internacional y asesora en justicia de género explica que en estos casos se debe aplicar el protocolo de investigación de femicidio que existe en Latinoamérica que dice que la identidad de género de la mujer es un elemento principal en la violencia que sufre y la identidad abarca a las mujeres cisgéneros y a las mujeres trans.
En el caso de las mujeres trans, la barbarie y brutalidad con la que se ejerce su violencia deja mensajes sociales que las invisibilizan.
“Como sociedad aún no nos quitamos las gafas para entender que una mujer trans es una mujer. Por ejemplo, si en la calle vemos que están ejerciendo violencia contra una mujer cisgénero llamamos rápido a la policía, pero si vemos que la violencia es contra una mujer tran ¿pasa lo mismo? No”, explica.
