Ceci Caricia Ixpatá estaba en el mercado de Salamá, Baja Verapaz, donde solía vender, cuando fue atacada por personas desconocidas. Pocos días después, el 9 de junio de 2021, su cuerpo cedió ante las lesiones y falleció en el hospital.
Amigas y conocidas de Ixpatá, quien era integrante de la Red Trans, manifestaron contra el brutal ataque. Mientras tanto, para el Ministerio Público (MP), este asesinato nunca existió.
¿Por qué? Por ser mujer trans. Ni las agresiones que sufrió, ni el transfemicidio aparecen en ningún registro oficial de Guatemala y sin registros para iniciar una investigación, quienes asesinaron a Ceci Ixpatá aún siguen en libertad.
Su caso no es el único, otros 28 homicidios ocurridos en 2021 no fueron registrados por las autoridades y probablemente quedarán en la impunidad.
El subregistro de la violencia contra las personas LGBTIQ+ es un problema grave porque no permite medir la magnitud de la violencia que se ejerce contra ellas y mucho menos implementar medidas para darles seguridad y combatir la criminalidad.
El desinterés por las víctimas
Cuando ocurre un hecho de violencia las dos instituciones que primero reciben las denuncias son la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Aunque ambas cuentan con protocolos para tomar en cuenta el reconocimiento de las personas LGBTIQ+, sus registros están incompletos y tienen grandes fallas.
El 2012, el Ministerio Público fue la primera institución que modificó su sistema de registros y en los últimos diez años han registrado 1,114 denuncias de las cuales 387 víctimas fueron hombres gays, 314 personas trans, 59 hombres y mujeres bisexuales y 12 intersexuales.
Además entre los datos del MP, existen 98 denuncias presentadas por lesbianas y 19 atribuidas equivocadamente a “hombres lesbianas”.
Leyeron bien. La institución encargada de la investigación y persecución penal, registra como categoría “hombres lesbianas”. Un error obvio porque la definición de lesbiana aplica únicamente a las personas que se identifican como mujeres y que se sienten emocional y sexualmente atraídas por otras mujeres.
El vocero del MP, Moisés Ortiz, no aclaró a qué se deben los errores en sus registros pero la persistencia del error solo confirma el poco interés de la institución por los derechos y la integridad de las personas LGBTIQ+.
Con la PNC, la situación es similar. Desde el 2016 las y los agentes deben preguntar a las víctimas sobre su orientación e identidad. Pero en seis años solo registran 126 denuncias de personas LGBTIQ+ y la mayoría han sido de mujeres lesbianas por el delito de violencia intrafamiliar.
Para Diego Lima de LAMBDA, institución a cargo del Observatorio Nacional de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, los datos del MP y la PNC no reflejan la realidad porque los agentes no toman los datos como debe ser ya sea por ignorancia, tabú o -nuevamente- falta de interés.
Una radiografía incompleta
Carlos Mendoza lleva más de una década estudiando la estadística de violencia homicida que e Existe en Guatemala y comúnmente se encuentra con la barrera del subregistro. Este se puede dar por varias razones: porque la víctima no denuncia, porque a las instituciones no les interesa recabar esos datos o quienes sí lo hacen, lo hacen de forma incorrecta. Como en el caso del MP.
Mendoza explica que los datos mal registrados presentan información incompleta de un fenómeno criminal y esto provoca que las acciones del Estado no sean las adecuadas.
En Quorum pedimos información a cinco instituciones del sistema de justicia: MP, PNC, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Organismo Judicial (OJ).
Los datos de las instituciones son escasos y no reflejan la realidad que reportan los registros de organizaciones como LAMBDA. Veamos por ejemplo los últimos dos años:
| Año | Observatorio de Lambda (asesinatos) | MP (homicidios) | PNC (denuncias) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19 | 10 | 20 |
| 2021 | 33 | 3 | 23 |
Las razones del subregistro en cada institución son diversas. Además de la negligencia y falta de interés hay problemas específicos:
- El Inacif no registra la identidad de género u orientación sexual de las víctimas al momento de hacer una necropsia.
- El MP además de confundir términos, tiene más de 300 casos en los que no especifica la identidad de género de la víctima y no respeta el nombre social de las víctimas.
- La PGN no cuenta con ningún programa de atención para el adulto mayor que sea parte de la población LGBTIQ+ y en el caso de las Alertas Alba Keneth reportan a 24 menores de edad LGBTQ+ con alerta activa del 2018 a la fecha.
- El OJ inició su registro hasta 2020. No compartieron información de ninguna sentencia por hechos contra la población LGBTIQ+ y aún así, como explicaremos más adelante, en algunos casos las y los jueces insisten en negar la identidad de género y orientación sexual de las víctimas.
Son tan pocos los datos y tantas las inconsistencias que no permiten contar con certeza cuál es la situación de violencia que viven las personas de la diversidad sexual.
Ligia Saquiché, investigadora de Visibles y encargada del Centro de Datos Abiertos, explica que la falta de interés del Estado por recabar información relacionada a la población diversa se traduce en discriminación.
“Al adoptar una postura donde la violencia y la discriminación no existen se está propiciando que existan más actos de violencia contra la población LGBTIQ+. La negación no permite que se generen datos ni políticas para resguardar su seguridad”, explica.
“Las casillas son importantes pero más importante es quien las llena”, dice Patricia Vargas, jurista en Derecho Internacional y asesora en justicia de género, que participó en la última modificación que se le hizo al SICOMP para registrar con enfoque de género las denuncias hace 7 años.
Lo ideal sería que las y los funcionarios públicos se despojen de sus prejuicios para atender a la víctima con atención diferenciada, que los crímenes contra esta población no se engaveten y que el juez les nombre según su identidad y género.
Pero esto no sucede, dice Vargas. Las personas trans, no binarias y queers no están dentro de este renglón y reciben aún menos atención cuando son indígenas, y de un área rural. Por eso el funcionario judicial prefiere pasar por alto la información, explica.
Un limbo para las personas trans
Dentro de la comunidad LGBTIQ+ las personas trans son uno de los grupos más discriminados y también más vulnerables a la violencia de género.
Los asesinatos de Andrea Mutz, activista de Otrans; Ceci Ixpatá, de Red Trans; o el de Stephanie Cardona, todos ocurridos en 2021. No aparecen en los registros oficiales. En el caso de Stephanie, aunque la misma PNC acompañó a sus amigas en la búsqueda, nunca quedó mención sobre su desaparición.
El no registrar si se trata de mujeres u hombres trans, afecta gravemente las investigaciones porque impide indagar si el asesinato estuvo relacionado con su identidad de género y por ende, si esto pone en riesgo la vida de más personas trans.
La primera sentencia que se dio en el país por el asesinato de una mujer trans fue en 2017, cuando se condenó al responsable del asesinato de Karla Reyes en 2016 y según Lambda es la única sentencia que hay en el caso del homicidio de una mujer trans.
Jennifer Bravo, abogada de Mujeres Transformando al Mundo y quien litigó el caso, recuerda lo difícil que fue que el juez a cargo del caso no dejara de lado la identidad de género de Karla.
“Tuvimos muchos problemas en el debate porque el juez me pidió que me limitara a describir a Karla como un hombre al punto que me dijo que me iba a sancionar”, explica Bravo.
Según el sistema del MP, dos horas después de su transfemicidio ingresaron dos denuncias en el mismo momento. La primera relata el homicidio de un hombre gay y la segunda el homicidio de un hombre trans. Ninguna de las dos corresponde a la identidad de Karla.
Jennifer Bravo explica que la justificación del juez para no nombrar a Karla como mujer es porque su documento personal de identificación la presentaba como un hombre. Aunque se hizo justicia, en la sentencia final a Karla nunca se le reconoció como una mujer trans.
Hacerle la tarea al Estado
Diego Lima cuenta que a raíz del caso de Karla empezaron a registrar las muertes violentas de la población LGBTIQ+. Su registro utiliza como base el monitoreo de medios y las denuncias que personas de la comunidad les hacen llegar.
“Necesitábamos probarle al Estado que existe la violencia contra las personas LGBTIQ+ y una manera real para demostrarlo era con datos y estadísticas. Registrar correctamente estos casos tiene una carga simbólica porque quiere decir que el Estado reconoce nuestra existencia”, cuenta.
Organizaciones como Lambda, Visibles, Otrans y Grupo de Apoyo Xela hacen la tarea registral que el Estado debe realizar. Además generan capacitaciones a agentes de la PNC, fiscales y personal que atiende a las víctimas para que reconozcan la orientación e identidad de cada persona.
Sin embargo, el problema del subregistro sigue evidenciando la negación estatal hacia las personas de la diversidad sexual. Sin datos no habrá justicia y sin justicia, los agresores seguirán poniendo en riesgo la vida de muchas más personas diversas.
