Solway es propietaria de las empresas que dominan la extracción de níquel en Izabal, la Compañía Guatemalteca de Nïquel (CGN) y de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) que fabrica el producto final, el ferroníquel.
Documentos filtrados al medio sueco SVT.es, y posteriormente analizados como parte de la investigación Mining Secrets, evidenciaron que:
- En 2011, el mismo año en que Solway compraba la CGN en Guatemala, el Swedbank retiraba a la empresa de su cartera de clientes por realizar “transacciones cuestionables” y por no entregar documentos que las sustentaran.
- Al menos 23 empresas del grupo Solway movieron de forma sospechosa US$2 mil millones entre 2007 y 2015.
- Los movimientos eran sospechosos de lavado de dinero porque las empresas del grupo se prestaban dinero entre sí, aparentaban compraventas o subvaloraban sus ventas para evadir impuestos.
Una alerta sobre el intermediario: Raznoimport
El informativo italiano IRPI Media tituló su reportaje relacionado con la filtración de Mining Secrets como “La “lavadora rusa para cavar en Guatemala”. En el mismo identificó que la empresa Raznoimport era la responsable de la mayor parte de la importación del níquel guatemalteco.
Esa empresa estaría encargada de comprar y vender el níquel entre las mismas empresas del grupo Solway. Documentos portuarios evidencian que Raznoimport es un comprador habitual del níquel que procesan, por ejemplo, la CGN en Guatemala y la planta ucraniana Pobuzhsky. Esta última, la planta ucraniana, también sería compradora del ferroníquel que produce Pronico en El Estor.
Lo que despierta las alertas en este tipo de operaciones es que Raznoimport estaría vinculada al mismo consorcio de Solway. Esta empresa, por ejemplo, figura entre la lista de 23 empresas que fueron denunciadas por el Deutsche Bank en 2011, por hacer transacciones sospechosas que sumaban más de US$70 millones.
Según el reportaje, Raznoimport era el principal exportador de aluminio de la ex Unión Soviética, y quedó en manos del fundador de Solway y otros altos mandos rusos tras su privatización.
¿Por qué esto es grave?
Cuando empresas del mismo grupo realizan transacciones entre ellas mismas pueden llegar a acuerdos que les permitan lavar dinero o evadir impuestos. Por ejemplo, vendiéndose el producto minero a un precio por debajo del mercado.
- Las investigaciones internacionales probaron que en Macedonia del Norte, la mina de Solway subvaloró las ventas de cobre para evadir impuestos entre 2006 y 2008.
Pese al riesgo de que Solway y sus empresas sigan incurriendo en transacciones sospechosas, Guatemala parece no tener la capacidad (o la voluntad) para investigar a sus subsidiarias en el país: CGN y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).
En el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ex superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa, explica que sí se puede fiscalizar a las empresas vinculadas para evitar que inflen sus costos o subvaloren sus ventas. Sin embargo, es más difícil cuando se trata de empresas mineras que negocian con otras empresas inscritas fuera del país.
“Cuando son proveedores extranjeros cuesta muchísimo más verificar la información porque no hay acceso de manera inmediata o expedita a lo que es la contabilidad o cualquier otro tipo de documento de las empresas vinculadas”, señala Foppa.
- Raznoimport, por ejemplo, está registrada en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas.
La legislación minera se hizo para facilitar las operaciones de las empresas más que para regularlas y asegurar su fiscalización. Es por ello que no toda la responsabilidad de fiscalizar a las mineras recae sobre la institución.
Rafael Maldonado, abogado especialista en derecho ambiental, apunta que: “el caso de Solway y CGN debe tratarse como un tema único. El MP desde hace mucho tiempo tenía que investigar todos los delitos que prácticamente están probados, que se han señalado contra Pronico y CGN. El tema de lavado es un tema serio porque implica un delito trasnacional”.
Este tipo de debilidad institucional y de falta de voluntad para investigar y fiscalizar, es la que convierte al país en un escenario rentable para los proyectos extractivos. Todo a costa de la conflictividad social.
En marzo, una filtración masiva de documentos puso en evidencia los mecanismos que la CGN y Pronico, utilizaba para comprar el apoyo del gobierno, reprimir a las comunidades de El Estor, Izabal, y ocultar el daño ambiental que causa su operación. Hasta el momento el gobierno no ha anunciado investigaciones sobre estos delitos.
David Orellana, vocero de CGN en Izabal, no respondió a las llamadas de este medio.
