Efraín Ríos Montt no sabía que estaba truncando las aspiraciones presidenciales de su familia cuando encabezó un golpe de Estado en marzo de 1982.
Lo que marcó para siempre a su descendencia ocurrió dos años más tarde, en 1986, con la entrada en vigencia de una nueva Constitución en Guatemala.
- La nueva legislación estableció la prohibición para optar a la presidencia y vicepresidencia de la república a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de “caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura del Gobierno”.
Es decir que la prohibición afecta a abuelos, nietos, hermanos, padres, hijos, primos o esposos de quienes dieron un golpe de Estado.
En el momento en que se aprobó esa prohibición el objetivo era impedir que una familia capturara el poder como pasó con muchas dictaduras en Latinoamérica.
Ambiciones presidenciales truncadas
La prohibición constitucional marcó a Ríos Montt y a toda su familia por muchos años.
El exdictador intentó presentarse como candidato a la presidencia en 1990 con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó su solicitud y la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó esa decisión.
Al año siguiente, Ríos Montt presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese momento el gobierno de Serrano Elías le replicó a la CIDH que, aunque las resoluciones no le hayan sido favorables a Ríos Montt, no implica que se le denegara la justicia o se violaran sus derechos humanos.
- La Comisión determinó en 1993 que la denuncia del exdictador no era admisible porque los hechos denunciados no constituían una violación a los derechos humanos.
Otro rechazo llegaría el 16 de agosto de 1995. Las autoridades electorales también negaron la candidatura a María Teresa Sosa Ávila, la esposa de Ríos Montt, y a su compañero de fórmula, Harris Whitbeck Piñol.
El último intentó de Ríos Montt llegó en 2003. Y aunque el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia le dijeron no a sus aspiraciones políticas, sí lo apoyaron cuatro magistrados de la CC.
- En ese entonces, el FRG protagonizó una serie de protestas violentas conocidas como el Jueves Negro y el Viernes de Luto. Un periodista murió en esos eventos, por un paro cardiaco, y decenas de personas resultaron heridas.
Un plot-twist: ¿el fin de la maldición?
Zury Ríos Sosa intentó ser candidata presidencial en tres ocasiones:
- 2011. Hizo públicas sus aspiraciones presidenciales con el FRG pero ni siquiera intentó inscribir su candidatura, aduciendo que no tenía financiamiento para su campaña
- 2015. Se alió con el pastor Harold Caballeros, de Visión con Valores y consiguió que la Corte de Constitucionalidad inscribiera su candidatura; participó en las elecciones, pero no consiguió ni el 6% de los votos.
- 2019. Intentó participar, junto con Roberto Molina Barreto —ahora magistrado de la CC — en las elecciones con su propio partido, Valor, pero la CC resolvió que no podía participar.
Todo parece cambiar para Zury Ríos, que al igual que su padre, decidió recurrir a la CIDH:
En mayo de 2019, Zury Ríos presentó una petición a la CIDH, alegando la violación de varios derechos suyos, de su hija y de Molina Barreto por parte del Estado de Guatemala.
El alegato es que no se les permitió y no se les permitiría participar en las elecciones presidenciales. Y dos años más tarde, en mayo de 2021, expresaron su interés de iniciar un proceso de solución amistosa.
- La Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece la posibilidad de acuerdos amistosos. Esto se consigue cuando un peticionario o denunciante de violaciones a derechos humanos y un Estado, logran alcanzar un acuerdo, sin que la CIDH emita una resolución.
El Estado de Guatemala, representado por Jorge Luis Donado Vivar —siguiendo las instrucciones del presidente Alejandro Giammattei—, accedió a empezar las negociaciones con Zury Ríos y seis meses después, el 28 de diciembre de 2021, se firmó un acuerdo de solución amistosa (ASA).
El acuerdo establece, entre otros aspectos, que se debe reconocer su “derecho humano de participación política”.
Giammattei y Donado abrieron las puertas para que se le inscribiera como candidata presidencial en 2023. Y posiblemente así termine la veda a la participación política de su familia.
