La tarde del 21 de noviembre de 2020 dos hermanas corrían desde la Plaza hacia la 7a avenida de la zona 1. Habían participado en la manifestación masiva en rechazo al presupuesto y la corrupción en el Gobierno. Todo se interrumpió cuando la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó bombas de gases lacrimógenos en medio las cientas de personas que protestaban de manera pacífica.
La manifestación se disolvió. En medio del caos que generó, las dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por agentes de la PNC quienes las arrastraron con violencia sobre el asfalto.
Al momento de la manifestación, una de las detenidas tenía 19 años, y su hermana tenía 16 años.
El pasado 26 de noviembre, más de un año después de los hechos, cinco agentes señalados se entregaron ante las autoridades. La noticia causó sorpresa ya que el Ministerio Público no informó sobre la entrega ni sobre las órdenes de captura en su contra hasta la tarde de ese mismo día.
Tras dos audiencias suspendidas, el pasado jueves 2 de diciembre, tres de los agentes que participaron en las detenciones arbitrarias fueron ligados a proceso penal por el delito de abuso de autoridad. Son Cristian Armando Alvarado Pichilla, Emilsa Ileana Osorio Reyes y Esdras Aroldo Chex Catú.
Durante la audiencia realizada este jueves se presentaron videos que documentan la fuerza ejercida por las y los agentes durante las detenciones. Claudia Samayoa de UDEFEGUA, organización que figura como querellante adhesiva en el proceso, lamenta que aún así la defensa argumentó que lo ocurrido fue adecuado.
“Me parece gravísimo. Las agarraron por el pelo, por el brazo, por donde pudieron y las arrastraron. A una la arrastraron casi media cuadra. Están acusados de agredir, golpear e incluso ejercer cierta violencia psicológica”, afirma Samayoa.
El juzgado también resolvió procesar a las agentes Jennifer Yessenia Popa Morales y Carla Xum por simulación del delito.
Según la imputación del MP las agentes recibieron a las dos hermanas detenidas y pese a no haber participado en su detención, redactaron el parte policial donde las acusaron de haber estado frente al Congreso tirando piedras a los agentes de la PNC.
“Eso es simulación del delito. Las dos policías no detuvieron a las hermanas. Al día siguiente salieron libres y el caso se sobresee totalmente”, dice Samayoa.
Tras las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020, 42 personas fueron detenidas. En los días siguientes los juzgados desestimaron 40 casos por falta de mérito.
Ante las irregularidades en las detenciones, los testimonios de la PNC y los indicios presentados por el MP, los juzgados ordenaron que el MP investigara a varios agentes de la PNC por agresiones y falsos testimonios que presentaron como prueba de las capturas.
Como resultado de una de esas investigaciones es que se emitieron las órdenes de captura contra los cinco agentes ligados al proceso.
El MP confirmó que ahora tiene cuatro meses para concluir la investigación. A las y los acusados les otorgaron arresto domiciliario, arraigo, la obligación de presentarse periódicamente al MP y una caución económica de Q2000.
Agresiones y acusaciones falsas versus un grafiti
El 24 de noviembre fueron detenidos Nanci Chiriz Sinto, activista kaqchiquel de 30 años, y Juan Francisco Monroy Gómez, artista de 28 años, luego de que la PNC y el MP allanaron sus casas.
Una tercera orden de captura se emitió contra la estudiante universitaria, Dulce María Arhila Cáceres, de 19 años, quien se entregó voluntariamente el lunes 29 de noviembre de 2021.
Los tres participaron en la manifestación de noviembre del año pasado y el MP los acusa del delito de depredación de bienes culturales por las pintas realizadas al Congreso de la República. Jorge de León, fiscal del MP, argumentó que las pintas causaron daños y deterioro al edificio que tiene estatus de “patrimonio cultural”. Las defensas de los acusados señalaron que el MP no aclaró cuáles fueron los daños causados.
Aunque es posible remover pintas, la jueza Lluvia Isabel Velásquez Soto expresó en su conclusión, en la audiencia de Dulce María Archila Cáceres, que el “deterioro es la pérdida de su esencia, no es cualquier casa, es algo invaluable para muchos que somos guatemaltecos”.
- La jueza resolvió ligar a proceso penal a Sinto, Monroy y Archila. Igual que las y los agentes de la PNC, quedaron bajo arresto domiciliario, con arraigo y con la obligación de presentarse al MP cada 15 días.
- En el caso de el y las manifestantes, donde las afectadas son paredes, la caución económica establecida fue de Q5000 (el MP había solicitado que fuera Q25.000).
Mientras en el caso del grupo de agentes, acusados de agredir físicamente a dos manifestantes, una siendo menor de edad, y de fabricar delitos en su contra, la caución fue de Q2000.
También hay una gran diferencia en las penas que podrían enfrentar las y los manifestantes, y las que enfrentarían las y los agentes.
- La depredación del patrimonio por el grafiti en la pared, podría resultar en seis a nueve años de prisión, inconmutables, más una multa que corresponde al doble del precio del bien cultural afectado.
- La simulación del delito se sanciona con prisión de seis meses a dos años, y abuso de autoridad se sanciona con tres a seis años de prisión.
Jorge Santos, representante de UDEFEGUA, resalta que también se espera el avance de la denuncia que la organización presentó el 7 de enero de 2021 en contra de las autoridades de la PNC y el ministro de Gobernación, Gendri Reyes.
