La encontraron en su habitación, estaba tendida en su cama, sin vida. Nueve días antes había acudido al Hospital Roosevelt por fuertes dolores en la espalda y el abdomen.
Debido a que en su expediente médico constaba que era paciente de VIH, su doctora le recomendó asistir al hospital nacional porque en la clínica no podía darle la atención especializada que necesitaba.
En contra de su voluntad fue ingresada al área de encamamiento de hombres, contrariando todos los protocolos de atención integral y diferenciada en salud para las personas trans. Aún así, estuvo 9 días internada y le dieron egreso sin presentar ninguna mejoría.
Ella murió en el cuarto de hotel que usaba como su domicilio, cuando su doctora fue a buscarla para conocer su estado de salud se dio cuenta que había muerto y que en el hospital solo le prescribieron “hidratación” cuando su cuadro clínico y motivo de muerte fue neumonía lobar bilateral.
Esto sucedió en el 2019 pero el expediente ingresó en el 2021 a la Procuraduría de los Derechos Humanos. La muerte de esta mujer trans no fue violenta pero sí está contabilizada dentro de los siete asesinatos, ocurridos en el 2021, que tienen como motivo principal el odio hacia esta población.
Ella fue víctima de un sistema que no le quiso dar atención especializada y la relegó por su identidad. La Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual de la PDH sigue otros tres casos contra los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios por no respetar la identidad de las personas y no darles la atención que necesitan, poniendo en peligro sus vidas.
La invisibilización
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género de la organización Lambda, de enero a octubre de 2021, han documentado 28 asesinatos contra población de la diversidad. El mes más violento fue octubre con siete muertes. Guatemala e Izabal son los departamentos con más homicidios.
“El departamento más violento es Izabal, hemos documentado ahí más muertes que en la ciudad capital, lo que más hemos podido documentar han sido asesinatos de hombres gay y luego de mujeres trans, ellas son la segunda población que más matan”, explica.
De estos 28 homicidios, siete son contra mujeres trans. Una de las víctimas es Andrea González, activista y dirigente de LGTBIQ+ que fue asesinada a balazos la noche del 11 de junio en el Centro Histórico.
Pese a que este lugar tiene su propio sistema de vigilancia con una red de cámaras controladas por la Municipalidad de Guatemala, el crimen sigue impune.
“El caso de Andrea es un caso más que queda impune, en el Ministerio Público hay atención, pero no hay avances en la investigación”, dijo Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (RedMMUTRANS).
Durante el 2020, el MP ha judicializado cuatro casos. Uno por homicidio, dos por lesiones leves y uno por violencia contra la mujer. De las víctimas, dos de ellos son trans (un hombre y una mujer).
Monroy cuenta que, aunque lograron que el MP agregara en los formularios de la denuncia la identidad de la persona, esto no es suficiente porque no implica un avance en la investigación.
Lo mismo pasa con la Policía Nacional Civil.
Mirna Martínez, de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual, explica que la PNC no está usando los formatos para recibir denuncias e identificar a la población de la diversidad, “dicen que les da pena preguntar la identidad”, explica.
Esto complica la documentación, amplía la brecha del subregistro y perpetúa la violencia, incluso, después de la muerte.
Este 20 de noviembre se conmemora, como todos los años, el Día de la Memoria Trans, una fecha dedicada a todas aquellas personas transgénero y de género no convencional que han sido víctimas de violencia.
