Abelina Cruz Toscano cumplió un año en el Juzgado de Mayor Riesgo D que concentra buena parte de los casos de gran corrupción que se investigaron y presentaron ante la justicia durante el mandato de CICIG. Antes, era una juez poco conocida. Su gestión al frente de este juzgado ha estado marcada por resoluciones que favorecen a los actores de las tramas de corrupción.
Aunque Cruz ha preferido no explicar sus resoluciones, se le buscó para abordar varios temas sobre su desempeño y sobre la incompatibilidad de sus actividades comerciales con su función judicial. El 10 de enero se planteó la solicitud de entrevista, con posibilidad para realizar del 13 al 17 de enero, una semana antes de esta publicación. La secretaria del juzgado estuvo a cargo de la interlocución y el miércoles 15 comunicó la anuencia de Cruz, que pidió conocer las preguntas y ese mismo día se presentó un cuestionario al despacho. Debido a que su agenda está muy ocupada, la jueza ofreció la posibilidad de la entrevista durante febrero.
El cangrejo
El carpetazo en varios casos en el juzgado de Cruz ha ocurrido sin llegar a examinar pruebas ni argumentos sobre la responsabilidad penal de los imputados. Los procesos han sido desbaratados o están a punto de desvanecerse por cuestionamientos hacia los mecanismos de investigación, el propio curso del proceso o la anulación de convenios con delatores (colaboradores eficaces).
El acceso a las resoluciones judiciales se ha convertido en una misión imposible. No todos los abogados que actúan en los casos reciben las notificaciones de todos los procesos, según testimonios recogidos durante este reportaje, pero que no pueden ser citados porque las fuentes temen represalias.
En los despachos judiciales y otras instituciones públicas se niega el acceso a las resoluciones por reserva judicial o porque sólo pueden ser conocidas por las partes procesales. La jueza ha celebrado algunas audiencias a puerta cerrada, por petición de los sindicados y/o de la fiscalía. En octubre pasado, por ejemplo, Cruz se reunió a puerta cerrada con la fiscal Sofía Castillo, a cargo del expediente Construcción y Corrupción, según reportes del diario La Hora. La Procuraduría General de la Nación planteó una queja ante el Organismo Judicial, ya que la reunión constituye una falta de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial.
Sin posibilidad de tener acceso a los razonamientos en las resoluciones, los reportes de prensa son la única manera de mostrar que los expedientes, como los cangrejos, caminan de lado y hacia atrás.
Abelina Cruz comenzó a trabajar para el Organismo Judicial (OJ) en 2002, cuando tenía 34 años y aún no se había licenciado. Hasta 2011, ocupó puestos de comisaria, notificadora y oficial en diferentes juzgados hasta ser nombrada Juez de Paz. Entre suplencias y nombramientos fijos, fungió durante siete años como jueza que resolvía asuntos cotidianos, diferencias entre vecinos, así como otras alteraciones de la paz.
Su carrera como jueza penal comenzó en marzo de 2019, cuando se le designó como juez de primera instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Guatemala para procesos de Mayor Riesgo Grupo E.
Cuatro años después, en 2024, y por un intercambio de plaza con el juez Juan José Jiménez Texaj, quedó a cargo del juzgado de Mayor Riesgo D, antes a cargo de la jueza Erika Aifán, quien dejó ese despacho al salir exiliada, arrastrada por la ola de persecución contra funcionarios anticorrupción.
Al salir Aifán de su juzgado, los procesos de corrupción empezaron a resolverse a favor de los acusados. Más aún, a partir de la llegada de Abelina Cruz al juzgado D.
La jueza con oficios incompatibles
La contracara del perfil de la jueza muestra a una mujer de 55 años originaria de Escuintla, madre de tres hijos y muy dada al comercio. Entre 1997 y 2000 se le nombró administradora única de la empresa de seguridad privada, Consultores de Seguridad y Vigilancia, S. A. (Cosevisa), cargos que continúan vigentes de acuerdo con los registros públicos.
En 2009, a sus 41 años, Cruz se graduó como abogada y notaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en 2011 ingresó en la carrera judicial.
Cruz ha alternado la administración de justicia con la administración de empresas y sociedades anónimas, una relación imposible y prohibida por la Constitución de acuerdo con varios juristas, quienes aseguran que la docencia es la única actividad que se puede realizar de forma simultánea con el despacho judicial.
La restricción está clara en el artículo 207 de la Constitución, el cual establece que “la función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión”. El artículo 29 de la ley de la Carrera Judicial también señala la incompatibilidad de la judicatura con el desempeño de otros cargos de dirección públicos y privados, excepto con la docencia. Es más, la ley señala que los jueces tienen prohibido ejercer la profesión de abogados y notarios.
Hacia 2014, cuando Cruz era Jueza de Paz suplente, conformó la sociedad anónima HMSET, junto con Víctor Fernando López Ávila. El objeto de la sociedad es la compraventa de equipo electrónico y de computación y Cruz es la administradora única y representante legal, según el Registro Mercantil.
Para octubre de 2024, en la dirección registrada de HMSET, en el centro comercial Novicentro, en la zona 11 capitalina, funcionaba una clínica dental. HMSET es una empresa familiar: dos de los hijos de la jueza figuran como representantes legales en el registro de la sociedad en el portal Guatecompras. El hijo mayor de Cruz, Luis Fernando Cuches, de 31 años, es abogado y notario y trabaja para el Organismo Judicial como oficial III en el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia Penal de Mixco.
La mediana, Darlene Cuches, de 30 años, es médica y en 2024 logró un contrato con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por servicios profesionales como médico general de emergencias.
Al tiempo que sus resoluciones causaban polémica, en julio de 2024, Cruz constituyó la empresa mercantil La Toscana dedicada al transporte pesado y liviano, marítimo, aéreo y terrestre nacional e internacional de cualquier mercadería y bienes de lícito comercio. También adquirió un camión con capacidad de media tonelada de carga.
La jueza se casó en 1992 con Luis Fernando Cuches Rojas, psicólogo de profesión. En 2012 ambos contrajeron un crédito hipotecario para adquirir una casa en un residencial de Villa Nueva. La deuda de Q626 mil, iba a pagarse en 25 años (2037), pero los saldos fueron cancelados en abril de 2023, según registros públicos.
Así, entre 2023 y 2024, pagó la hipoteca, creó su empresa de transporte y la nutrió con activos, actividades que compaginó con el despacho judicial. De 2019 a 2024, como jueza de instancia penal, ha percibido ingresos anuales de entre Q312 mil y Q392 mil.
Una procuraduría beligerante
Bajo la gestión de Cruz, en un sólo año, varios casos dieron un giro. La milimétrica revisión de cada procedimiento y su concordancia legal, así como una fiscalía que no defiende las investigaciones o que en las acusaciones aflojó los criterios de las imputaciones que se formularon durante el mandato de la CICIG, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) estaba a cargo de Juan Francisco Sandoval, ha derivado en el cierre de los procesos. La fiscalía ahora se ha encargado de perseguir a operadores de justicia y opositores. Un reportaje de Plaza Pública documenta 31 casos de esta persecución.
Con el cambio del gobierno de Alejandro Giammattei a Bernardo Arévalo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), que ejerce la abogacía en defensa de los intereses del Estado de Guatemala, juega ahora un papel distinto. Adversa la actuación favorable a los acusados de corrupción por parte del Ministerio Público y apela de forma constante las resoluciones de jueces como Abelina Cruz. La intervención de la PGN, por ejemplo, evitó que la jueza Abelina Cruz determinara, el pasado 6 de enero, si la exvicepresidenta Roxana Baldetti debía ir o no a juicio en el caso de corrupción Cooptación del Estado. Ese caso se diligencia en otro juzgado, pero quedó a cargo de Cruz por el rol de cobertura de vacaciones de fin de año. La audiencia de Baldetti estaba programada para el 9 de enero, pero Cruz accedió a petición para adelantar la fecha.
La PGN también promovió la anulación de todas las audiencias bajo el control de la jueza Abelina Cruz en las que permitió que Allan Tánchez -quien se desempeñó como auxiliar fiscal de la FECI- formulara acusaciones en el caso Asalto al Ministerio de Salud pese a que no estaba facultado para hacerlo, ya que el Código Penal establece que esa acción sólo puede ejercerla un auxiliar con título de abogado y notario.
La procuraduría ha presentado recursos de casación en dos de los procesos -Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, así como Asalto al Ministerio de Salud-. La decisión de la cámara penal, integrada con los magistrados que el Congreso eligió en octubre pasado y que, según declaraciones de varios diputados responden a un balance o repartición de cuotas de poder.
Esos funcionarios judiciales definirán el futuro de los políticos y exfuncionarios que han logrado resoluciones favorables de Abelina Cruz, la jueza y comerciante que en un año favoreció a seis figuras prominentes de la política y la corrupción en Guatemala.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)
