El diputado Felipe Alejos, el exjuez Mynor Moto y el activista Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, son algunos de los señalados que aparecen en la Lista Engel, junto a otros 17 funcionarios, activistas y abogados vinculados a la corrupción o debilitamiento de la democracia.
¿Y ahora?
El analista de política estadounidense, Héctor Silva Ávalos, explica que la Lista Engel es una herramienta de la nueva estrategia de política exterior que implementó Joe Biden al llegar a la presidencia de Estados Unidos. Esta se comenzó a discutir y obtuvo su aprobación durante la gestión de Donald Trump.
También asegura que Estados Unidos está escuchando a una amplia gama de involucrados: sociedad civil, grupos organizados y medios de comunicación por medio de la nueva herramienta de presión diplomática.
Eso contrasta con la administración del expresidente Donald Trump, quien tenía un interés particular en implementar acuerdos unilaterales con el gobierno, y dejaba por fuera a la sociedad civil, como con el Acuerdo del Tercer País Seguro.
Para la politóloga Marielos Chang, la publicación de este documento comunica: “A los políticos de Estados Unidos que no se deben relacionar ni vincularse con las personas de la Lista Engel, ya que también estarían cometiendo un delito y que el Gobierno estadounidense cuenta con información para hacer señalamientos de políticos centroamericanos corruptos”.
Otro mensaje importante es “que los medios de comunicación y grupos organizados del Triángulo Norte están dispuestos a colaborar con las autoridades para erradicar la corrupción”.
¿Y las sanciones para los señalados?
Desde la suspensión de visas —personales y las de sus familiares— hasta cierre de cuentas y la negación de créditos en bancos nacionales y de Estados Unidos, son algunas de las sanciones que pueden recibir los señalados después de aparecer en esta lista.
Ni las autoridades guatemaltecas, ni las salvadoreñas o las hondureñas se han pronunciado ante la publicación de la Lista Engel.
“Si a las autoridades de Guatemala les preocupara cómo nos ve la comunidad internacional o Estados Unidos, el gobierno habría hecho una declaración pública para indicar que colaboraría con las investigaciones. No se dice nada porque los señalados velan a favor de los intereses de las autoridades”, agrega Chang.
Renzo Rosal, analista político, explica: “El Ministerio Público es el que debe agilizar las investigaciones o iniciarlas. Las personas que aparecen en la lista solo se victimizan y les da vergüenza”. “Lo único que pasa después es nada”, apunta.
“La lista es una medida importante que refleja una tendencia de manipulación de cargos que se debe tomar en cuenta. Se visualiza cómo son las relaciones entre el Congreso y operadores de justicia, cuando se debería de inducir un comportamiento de transparencia”, señala Sofía Montenegro, analista de Diálogos.
Un poco de contexto:
- La Lista Engel fue publicada el 1 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como parte de la Ley de Compromiso Mejorado. Es el primer año que se publica después de su aprobación en diciembre pasado.
- El documento nombra a políticos de Guatemala, El Salvador y Honduras que fueron vinculados a actos de corrupción o de intimidación a quienes están a favor de la democracia. Esta vez fueron 55 los señalados.
- La legislación de EE. UU. permite que el Gobierno le quite la visa (o se la rechace si no tienen) a las personas que aparecen en este documento. Es decir, se les negará la entrada a este país.
- Es considerada como una herramienta para luchar contra la corrupción en Centroamérica y rectificar el compromiso que tiene el Gobierno de Estados Unidos.
- Esta lista es especial, ya que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha demostrado particular interés en América Latina y Centroamérica.
Las otras listas de corruptos
La congresista Norma Torres publicó un listado del Departamento de Estado sobre personas vinculadas a casos de corrupción y narcotráfico en el Triángulo Norte. Estas personas ya fueron sancionadas, pero no implicó la cancelación de visas o sanciones directas.
Por medio de la Ley Magnitsky, el Gobierno de Estados Unidos también publicó una lista de sospechosos de violar los derechos humanos o cometer corrupción.
Esa ley, aprobada en 2012, permite imponer sanciones (económicas o migratorias) a los ciudadanos extranjeros que aparezcan en esta por ser sospechosos de violar los derechos humanos o cometer corrupción.
Tanto la Ley Engel como la Magnitsky complementan el principio de justicia universal que promulga el Gobierno de Estados Unidos. Esta permite que los tribunales apliquen la justicia, tanto a ciudadanos como extranjeros.
¿Querés profundizar más?
Para conocer sobre esta lista, podés leer:
El hilo de Twitter que hicimos para contarte quiénes son esas 20 personas señaladas de corrupción.
La columna de opinión de Raúl Molina sobre por qué esta lista es “un paso positivo pero insuficiente”, publicado en La Hora.
Sobre el plan millonario que implementará Joe Biden para luchar contra la corrupción, un artículo de elPaís.
