No sabíamos de democracia. Los regímenes militares eran de lo más normales, tanto como lo era la pobreza y la desigualdad que, aunque siguen existiendo, en aquél entonces se entendían como parte de nuestro folklor y del pintoresco paisaje.
Fue habitual que familias de oriente y el altiplano buscaran otros horizontes para empezar una nueva vida. Además de la ciudad capital, el departamento del Petén se convirtió en un destino preferente de ese éxodo. Producto de tal desplazamiento surgieron municipios, cantones y aldeas, incluso en las áreas más remotas.
Pico de Oro es una de ellas. Motivados por la fecundidad de las tierras y el acceso a recursos hídricos ilimitados, campesinos de Jutiapa, Zacapa y Chiquimula se asentaron en un lugar lejano, a la orilla del río Salinas, fronterizo con México.
Por qué la bautizaron así, sabrá Dios. Lo cierto es que en Sayaxché, el municipio más cercano, comercializaban el maíz, chile y pepitoria que cosechaban. A pesar de no contar con servicios básicos llevaron una vida tranquila, hasta que los sitió la palma africana.
El gigante que encierra
Atraídos también por la posibilidad de contar con agua inagotable para sus cultivos, los palmeros comenzaron a comprar propiedades en la zona, hasta juntar 527 hectáreas y rodear por completo a la comunidad, dejándola sin accesos.
Por alrededor de 20 años, Tikindustrias, S.A. ha mantenido un conflicto que ha atentado contra los derechos fundamentales de estas personas. Ha vedado arbitrariamente el paso a los parcelarios y vecinos del lugar.
Sin su permiso, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada entre el río y la plantación, impidiéndoles la libre circulación de ellos y sus productos, intimidándoles permanentemente con recursos legales o el uso de violencia, poniéndolas en grave riesgo ante desastres naturales e incluso, obstaculizando al Estado mismo el acceso a dicha aldea.
Todo esto, a pesar de que la comunidad cuenta con un acta firmada en el 2002, en donde la empresa se comprometía a respetar su derecho de paso. No ha habido documento, ni ley, ni autoridad que haga ceder a Tikindustrias.
Empresa sin palabra
Sin embargo, la presión sobre la compañía ha ido en constante aumento. Sus abusos llamaron la atención incluso del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, quien visitó la zona durante su última visita a Guatemala y pudo corroborar la situación de las y los aldeanos.
Paralelamente, durante el presente año se incrementó el acompañamiento gubernamental. Personeros de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Secretaría Privada de la Presidencia han hecho un trabajo de mediación en apoyo a los líderes comunitarios y los COCODES de Sayaxché y Pico de Oro, que han jugado un papel protagónico en este caso. Prensa Comunitaria, por su parte, ha mantenido una cobertura constante difundiendo el tema, que desnuda los altos niveles de poder y avaricia con que opera el gremio palmero en el país.
Cuando la compañía tuvo la voluntad de sentarse a negociar, propuso salidas inviables y hasta absurdas para resolver el conflicto. Unas veces parecía que escuchaba a la comunidad, pero a último momento sus representantes cambiaban de opinión. Ello se volvió una constante.
A finales de agosto, Tikindustrias había accedido a construir un tramo de cinco kilómetros, que uniría Pico de Oro con la comunidad Lo Veremos, lugar donde termina la carretera que conecta con Sayaxché. Esto permitiría dejar de utilizar la antigua vía de paso, que originó el problema.
Sin embargo, previo a firmar el acuerdo, dieron marcha atrás. A cambio, ofrecieron reconocer y permitir el derecho de las y los pobladores de Pico de Oro a movilizarse a través del paso tradicional, ese al cual le han puesto cualquier cantidad de peros para impedirlo. Había un acuerdo, pero días después, el gerente operativo contradijo a su propio representante legal, por lo que la solución al diferendo quedó nuevamente en un punto muerto.
Se intentó que la municipalidad de Sayaxché se comprometiera a abrir brecha y balastrar un trayecto de pocos kilómetros, que Tikindustrias aparentemente había cedido para otorgarle derecho de paso a la comunidad. Sin embargo, ante las indecisiones de la empresa, el alcalde no se quiso comprometer.
Está claro que la intención de la compañía es buscar desesperar a los parcelarios, para que les vendan sus terrenos. A pesar de los esfuerzos y presiones, hasta hoy no ha habido forma de ponerle fin a un conflicto largo y desgastante, motivado por la codicia y la insensibilidad hacia una comunidad que ya estaba ahí, y que solo busca reivindicar su derecho a movilizarse en libertad.
El rol del Estado
Sin duda, siguen haciendo falta acciones y posturas contundentes por parte del gobierno central, para obligar a la compañía a que cumpla con la ley y su palabra, de una vez por todas.
Asimismo, el Estado tiene la obligación de intervenir inmediatamente, en un lugar donde su ausencia es más que notoria. Las doscientas familias que actualmente habitan Pico de Oro están integradas en su mayoría por jóvenes, que nacieron y crecieron en un entorno sin agua potable, drenajes, energía eléctrica, escuela ni centro de salud. Existe una pequeña galera donde se da clases a los niños. Sin embargo, el actual ciclo escolar inició cuatro meses tarde debido a la ausencia de maestros.
Sin más armas que la organización comunitaria y la perseverancia, las y los vecinos siguen haciendo frente al miedo, las amenazas y la incertidumbre. Persisten en su lucha por hacer realidad el sueño de sus abuelos de hace casi cincuenta años: construir una vida mejor.
Ojalá y lo logren. Lo tienen muy merecido.
